Putin no podrá viajar ni sobrevolar 123 países tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Los cargos anunciados por este tribunal son las primeras acusaciones internacionales contra el líder del Kremlin desde que comenzó la invasión. Es también la primera vez en la historia que La Haya señala al presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A pesar de que esta decisión no tiene precedentes, sentar a Putin en el banquillo no será tan sencillo. Si bien es cierto que La Haya no otorga inmunidad a los jefes de Estado o cargos de poder en casos de presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, Moscú no reconoce la jurisdicción de este tribunal. Además, la Constitución rusa no contempla la extradición de nacionales.

"Rusia no es Estado parte de la CPI y mientras esté en territorio ruso no se le puede detener, así que sólo podría ser arrestado en alguno de los Estados firmantes del Estatuto de Roma", explica Carlos Gil, doctorado en Derecho Internacional Penal a EL ESPAÑOL. Se refiere a alguno de los 123 países signatarios del texto constitutivo de la CPI, entre los que se encuentran la mayoría de los países de la Unión Europea y de África Central, pero no China, Irán, India o Estados Unidos, que no ratificó el Estatuto.

Eso significa que si el líder ruso pisara alguna vez uno de esos territorios, estos se verían obligados a cooperar en el arresto. Ni siquiera haría falta que pusiese los pies en tierra. Los acuerdos internacionales reconocen la soberanía estatal sobre el espacio aéreo, lo que significa que, el aire que sobrevuela un territorio nacional se rige también por sus leyes. En este sentido, confirma Gil, si Putin sobrevolase un país como España o Alemania, este seguiría estando obligado a colaborar en el cumplimiento de la orden de arresto internacional.

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No obstante, llevar a cabo esa operación no sería tan sencillo desde el punto de vista normativo. Según explica Ignacio Perotti, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Europea de Madrid, la Convención de Chicago de 1944 establece que los Estados ejercen soberanía plena sobre su espacio aéreo y, por tanto, exigen que las aeronaves de Estado, militares o civiles pidan una autorización previa.

"El problema es que esta Convención regula y ampara sólo los vuelos comerciales, no las naves de los Estados", detalla Perotti, que describe tres posibles escenarios en el caso de que Putin -que ha reducido considerablemente sus viajes al extranjero desde el inicio de la guerra- quisiera sobrevolar un territorio sujeto a la CPI.

La primera posibilidad es que un Estado niegue a una aeronave del Estado ruso con el presidente a bordo a pasar sobre su territorio. La segunda, que Putin viaje en un avión comercial sobre un país parte de la Convención de Chicago, lo que no permitiría al Estado negarse al sobrevuelo pacífico. La última carta que podría utilizar Putin sería la de sobrevolar sin avisar y, por tanto, sin autorización. 

"En este último caso, sin embargo, veo muy poco probable que un Estado —teniendo en cuenta las dinámicas de las relaciones internacionales actuales y la situación tan compleja de la guerra en Ucrania— obligue a la aeronave que lo traslade, ya sea comercial o del Estado ruso, a aterrizar para cumplir con la orden de arresto", matiza el académico.

A esta complicación se le suma la implicación de los países a cooperar. En este sentido, Gil recuerda el caso de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ex presidente de Sudán, sobre el que pesa una orden de arresto que, sin embargo, no le ha impedido viajar durante años por varios países africanos que reconocen la CPI. Y no se trata de una excepción: hoy por hoy, el tribunal tiene pendiente la detención de 15 personas que entre todas ellas suman más de 200 cargos.