El Consejo Constitucional francés -el equivalente al Tribunal Constitucional español- ha validado este viernes la polémica reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El texto entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, según ha indicado el ministro de Trabajo.
La norma fue aprobada a mediados de marzo por decreto sin ser sometida a votación parlamentaria y previsiblemente será ratificada por Macron este fin de semana.
El veredicto de este órgano judicial se produce un día después de la duodécima jornada de protestas contra la reforma. A pesar de contar con un amplio rechazo de la población, los miembros del Consejo Constitucional francés, conocidos popularmente como los sabios, no sólo han determinado que el texto legislativo sí se ajusta a la Carta Magna, sino que han rechazado la solicitud de que las pensiones sean sometidas a un referéndum.
En cambio, el Consejo Constitucional invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.
Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta "que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida".
También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.
Rechazo de los sindicatos
Para los principales sindicatos del país -que llevan meses convocando manifestaciones y huelgas por todo el territorio-, la mayoría de los partidos de la oposición y gran parte de los franceses, el aumento de la edad de jubilación, con aprobación constitucional o no, es simplemente inaceptable.
En este sentido, la líder de la CGT, Sophie Binet, ha hecho un llamamiento para que los trabajadores intensifiquen las protestas en el país. Pocos minutos después del dictamen del Constitucional ya se registraban los primeros disturbios en Lyon, a los que los gendarmes respondían con gas lacrimógeno. También comenzaban las primeras manifestaciones en otras ciudades como París o Toulousse.
Además, los sindicatos han apuntado que no participarán en nuevas conversaciones con el presidente de la República al menos hasta el 1 de mayo, descartando así su presencia en la reunión convocada para la próxima semana.
"Los millones de personas que se manifiestan cada semana en la calle no lo están haciendo porque la ley sea inconstitucional, sino porque es injusta", dijo horas antes de conocerse el fallo Mathilde Panot, principal líder del partido de izquierdas Francia Insumisa.
Asimismo, una comparecencia con los demás líderes de los partidos que integran la coalición izquierdista Nupes (socialista, ecologista, comunista), Panot advirtió de que continuarán las protestas contra la reforma y lanzó un nuevo llamamiento al presidente Macron para que retire la reforma."No será el Consejo Constitucional el que haga cambiar de opinión al pueblo francés", reiteró en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
La impasibilidad del Gobierno
A pesar de la importancia de la decisión del Consejo Constitucional, el Gobierno decidió dedicar la mañana del viernes a ofrecer una cierta imagen de normalidad. Macron visitó las obras de restauración de la catedral de Notre Dame, acompañado de su esposa, cuando están a punto de cumplirse cuatro años del incendio que la destruyó parcialmente.
El presidente francés Macron visita la catedral de Notre-Dame cuatro años después del incendio.
"Soy consciente del rechazo a la reforma de una parte de la población francesa. Es importante que podamos tener en cuenta todas las preocupaciones, que se pueda debatir con las organizaciones patronales y sindicales", manifestó.