España es uno de los países de la Unión Europea donde la justicia se percibe como más politizada. Más de la mitad de la población considera que la independencia de jueces y tribunales es mala o muy mala, mientras que sólo un tercio de los encuestados la califica de buena o muy buena, según el Cuadro de Indicadores sobre la Justicia publicado este jueves por la Comisión Europea.
Sólo Croacia, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia registran peores resultados que España en cuanto a la percepción de la independencia judicial. Nuestro país está incluso un escalón por debajo de Hungría, que (al igual que Polonia) ha sido objeto de múltiples procedimientos sancionadores en Bruselas por politizar la justicia y tiene los fondos europeos congelados por este motivo. En el extremo contrario de la clasificación, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania son los países cuyos ciudadanos tienen más confianza en la independencia judicial.
Entre los motivos que citan los ciudadanos españoles para justificar su desconfianza en la independencia judicial, el más importante es la interferencia del Gobierno y los políticos (46%). A continuación se sitúan la presión de los poderes económicos u otros intereses especiales (41%), mientras que un tercio de los encuestados consideran que el problema es que el estatus y la posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia.
Percepción de la independencia de jueces y tribunales en los países de la UE
Al comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, le han preguntado qué pueden hacer los Gobiernos (sin citar específicamente a España) para mejorar la percepción de independencia de los tribunales. Reynders responde que la clave está en aplicar las recomendaciones que les ha dirigido Bruselas en su informe anual sobre el Estado de derecho, cuya próxima edición se publicará en julio.
En el caso de España, las recomendaciones para España eran dos: renovar con carácter urgente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y proceder a continuación a su reforma para que sean los propios jueces los que elijan al menos a la mitad de sus miembros; y reforzar la independencia del Fiscal General del Estado, desvinculando su mandato del Gobierno.
El Cuadro de Indicadores de Bruselas examina también la eficiencia de los sistemas judiciales, y en este capítulo nuestro país tampoco sale demasiado bien parado. España es uno de los Estados miembros en los que más se tarda en resolver litigios civiles y comerciales, con una media de 826 días en tercera instancia. Los peores alumnos son Chipre e Italia.
En cuanto a los recursos, España se encuentra en la parte media de la clasificación en gasto público en justicia (0,38% del PIB). No obstante, nuestro país es uno de los Estados miembros con menos jueces por cada 100.000 habitantes (11, frente a los 25 de Alemania o los 42 de Croacia). Además, la proporción de mujeres en el Tribunal Supremo (22,4%) está entre las peores de la UE.
En cuanto a los salarios, los jueces y fiscales del Supremo están entre los que más cobran de la UE en términos relativos (5,4 veces el salario medio), sólo superados por Italia, Rumanía, Portugal y Chipre. En cambio, los recién llegados a la carrera cobran más en línea con la media comunitaria (2,2 veces el salario medio).