Los alcaldes italianos se han sublevado contra el Gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, a la que acusan descargar sobre ellos la difícil situación de acogida de los más de 100.000 migrantes llegados a Italia en los primeros siete meses del año.
El sistema "está al borde del colapso" porque faltan "herramientas y recursos", asegura a Efe Darío Nardella, alcalde de Florencia, mientras Matteo Biffoni, alcalde de Prato y responsable de inmigración de la Asociación Nacional de Ayuntamientos Italianos (ANCI), cree que "los números están fuera de control".
Según los últimos datos oficiales, las llegadas desde principios de año han crecido más de un 115% respecto al mismo periodo de 2022 impulsadas por la crisis de Túnez, de donde huyen miles de migrantes subsaharianos, y que ya llevó a declarar en mayo pasado al Ejecutivo el "estado de emergencia migratorio".
La alarma de los alcaldes
"Las medidas de este Gobierno no sólo no han sido eficaces, sino incluso contraproducentes, y por eso vivimos hoy una emergencia migratoria. La situación es muy grave", dice Nardella, sobre, entre otras, las normas para las ONG de rescate y el llamado "decreto Cutro", adoptado tras la muerte de al menos 94 personas, 35 de ellas niños, frente a Calabria (sur) en febrero pasado.
La alarma llega en un momento "muy complicado de gestionar", según Biffoni, y más tras la circular de Interior que insta a los solicitantes de asilo que hayan visto reconocido su derecho a protección internacional a abandonar las estructuras de acogida, aunque no tengan documentos, lo que, alegan los alcaldes, dejará en el "limbo" a muchos menores.
"La ley italiana es muy protectora con los menores no acompañados, pero no podemos tratarlos como deberíamos" porque "faltan estructuras" e "incluso los prefectos no tienen recursos para dar, por ejemplo, a las asociaciones del tercer sector, como Cáritas, y todos estos factores juntos están explotando", explica el alcalde florentino.
Nardella, exponente destacado del progresista Partido Demócrata (PD), acusa a Meloni de utilizar la inmigración como arma electoral, prometiendo en campaña "que resolvería de raíz" del problema: "Pensaba que llegaría al Gobierno, iría a Europa y cambiaría inmediatamente las reglas de acogida", pero "no ha ocurrido nada de eso".
Ahora "los ayuntamientos no pueden más desde el punto de vista económico pero tampoco organizativo", según Biffoni, que pide al Gobierno que "revise algunas de sus decisiones".
Las críticas han llegado incluso de alcaldes de la Liga, la formación que lidera Matteo Salvini y que forma parte de la coalición gubernamental, aunque el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, fue el jefe de Gabinete del propio Salvini cuando éste ocupó esa cartera en 2018.
450.000 migrantes hasta 2026
El Ejecutivo ha respondido calificando de "surrealista" la posición de los alcaldes y asegurando que la decisión de las cuatro regiones lideradas por el centroizquierda de no adoptar el estado de emergencia ha "impedido activar las procedimientos acelerados para crear estructuras de acogida".
Como explica a Efe una fuente del ministerio del Interior: "El Gobierno italiano quiere para los migrantes canales de entrada regulares, planificados y seguros. Al mismo tiempo, está decidido a luchar contra la trata de seres humanos y la inmigración ilegal".
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Y en esa línea destaca que el Ejecutivo prevé hasta 450.000 entradas regulares en tres años tras la aprobación del nuevo decreto de flujos, al tiempo que recuerda que, gracias a los acuerdos impulsados por Meloni junto a la Unión Europea (UE), Túnez y Libia han bloqueado desde el 1 de enero entre 45.000 y 60.000 salidas de migrantes.
"Es cierto que toda Italia está soportando una carga que debería ser de toda Europa, y estamos trabajando en la UE" para conseguir "una redistribución más equitativa de los inmigrantes", afirmó este lunes el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que recordó que "pronto" se van "a introducir mecanismos más estrictos y eficaces para el retorno de aquellos que no tienen derecho a ser acogidos".
Tajani se refería al decreto anunciado para septiembre por Piantedosi para reforzar las expulsiones, una medida que Nardella considera "propagandística", al tiempo que lamenta que en materia migratoria el Gobierno de Meloni "o no es capaz de afrontar el problema o no quiere hacerlo".
Hasta este lunes los migrantes llegados a Italia en 2023 fueron 105.449 frente a 50.759 en el mismo periodo de 2022, con Túnez reemplazando a Libia como principal país de salida hacia Italia y con un incremento también de las repatriaciones del 28,05% y de las solicitudes de asilo (70,59%), de las que se rechazaron una de cada dos.
Mientras, por el mal tiempo, los desembarcos se han detenido en los dos últimos días en Lampedusa (sur), lo que ha permitido rebajar hasta 941 la cifra de migrantes en su centro de acogida, de los que 303 son menores no acompañados que serán enviados a diversas ciudades italianas, como Marina de Carrara (noroeste), donde este martes atracó el Open Arms con 195 rescatados a bordo, que serán repartidos entre las regiones de Piamonte, Toscana y Umbría.