Tras varias semanas de intensas negociaciones entre bambalinas y empujados por la emergencia humanitaria en la isla italiana de Lampedusa, los ministros del Interior de la Unión Europea han alcanzado este jueves un principio de acuerdo sobre la última pieza pendiente del Pacto Europeo de Migración y Asilo: el reglamento sobre situaciones de crisis.
En una sesión pública, Fernando Grande-Marlaska, que ha ejercido de presidente de turno del Consejo, ha constatado que hay una "voluntad mayoritaria incuestionable" a favor del Pacto. El acuerdo todavía debe ser confirmado a nivel de embajadores durante los próximos días, ya que Italia (cuyo Gobierno está dividido en esta materia) ha pedido más tiempo para ratificar su visto bueno. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha asegurado que no queda ningún escollo mayor por resolver.
El compromiso ha sido posible gracias al cambio de posición de Alemania, que ha pasado de la abstención al 'sí'. En el Gobierno de coalición semáforo se han impuesto las tesis del canciller Olaf Scholz, partidario de desbloquear el Pacto, frente a las de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, que reclamaba más garantías para refugiados y migrantes. La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha confirmado en Bruselas su apoyo al reglamento.
La norma en cuestión regula el mecanismo de crisis que se activará para asistir a los Estados miembros afectados por llegadas repentinas y masivas de nacionales de terceros países. Incluso en esta situación de presión extrema, la UE renuncia a establecer cuotas obligatorias de reparto de refugiados entre los Estados miembros, una medida que reclamaban los países de primera línea, como Italia, España o Grecia.
En su lugar, el reglamento contempla un menú de opciones de solidaridad a la carta para que cada país elija. Además de las reubicaciones de refugiados, los Estados miembros pueden optar por ofrecer contribuciones financieras, apoyo para las devoluciones de migrantes irregulares, el procesamiento a distancia de demandas de asilo u otras medidas alternativas que contribuyan a resolver la crisis.
Pese a que al final han triunfado sus tesis contra las cuotas obligatorias, Polonia y Hungría han votado en contra del acuerdo. Los dos países insisten en que la prioridad no es la solidaridad sino el refuerzo de las fronteras exteriores para impedir que los migrantes entren en la UE. El reglamento "actuará como un imán y atraerá a más migrantes a la UE", ha dicho el ministro húngaro, Bence Retvari.
En paralelo a las medidas de solidaridad, el reglamento aprobado por los 27 permite al país afectado por una crisis migratoria grave flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Este es uno de los puntos que preocupaba particularmente a Alemania, por considerar que reduciría la protección a los refugiados. Por ello, Berlín reclamaba excepciones para las familias con niños, pero al final no las ha logrado.
El vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, durante la reunión de este jueves en Bruselas
En virtud del reglamento de crisis, Bruselas tendrá que elaborar un plan de solidaridad en el que se recojan tanto las medidas de apoyo como las derogaciones y excepciones que se autoricen al Estado miembro que sufra una situación de fuerza mayor. Un plan que tiene que ser ratificado por los Estados miembros.
La presidencia española de la UE ya intentó llegar a un acuerdo sobre el reglamento de crisis a finales de julio, pero chocó con una minoría de bloqueo formada por el voto negativo de Polonia, Hungría, Austria y República Checa y la abstención (un 'no' más educado) de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos. El cambio de postura de Berlín (al que se ha sumado La Haya) es el que ha permitido desbloquear el diálogo este jueves.
El acuerdo entre los Veintisiete todavía no es el final del camino. Todas las piezas del Pacto de Migración tienen que negociarse y acordarse con el Parlamento Europeo, que es colegislador en la materia. De hecho, la Eurocámara decidió la semana pasada suspender el diálogo con los Gobiernos como medida de presión para forzar la aprobación del reglamento de crisis.
El principal escollo en las negociaciones entre el Parlamento y los Gobiernos -que debe pilotar la presidencia española de la UE- es precisamente la cuestión del reparto de migrantes. En contra de lo que han decidido los 27, el ponente de la Eurocámara, el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, sí quiere introducir cuotas obligatorias en el reglamento de crisis.
La sala en que se han reunido los ministros del Interior de la UE
En todo caso, el objetivo de todas las partes es alcanzar un acuerdo definitivo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo a finales de año o en enero de 2024. De lo contrario, no habría tiempo para completar todos los trámites antes de las elecciones europeas de junio del año que viene.
La Comisión de Ursula von der Leyen presentó sus propuestas sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (que consta de un total de 5 reglamentos) en septiembre de 2020 y la negociación ha durado toda la legislatura. La gestión de la migración es quizá uno de los asuntos que ha generado más divisiones dentro de la UE desde la crisis de refugiados de 2015.
Los ministros del Interior ya alcanzaron un primer acuerdo el pasado mes de junio para crear un mecanismo permanente de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros y aliviar así la presión que sufren los países de primera línea en la frontera exterior, como España, Italia o Grecia.
El mecanismo tendrá carácter voluntario, pero los Estados miembros que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda.