Los traficantes de migrantes se podrían enfrentar a penas mínimas de hasta 15 años de cárcel si sale adelante una nueva directiva propuesta este martes por la Comisión de Ursula von der Leyen. El Ejecutivo comunitario plantea endurecer las sanciones contra las redes criminales de trata de seres humanos en un nuevo intento de frenar las entradas irregulares en la Unión Europea.
España se encuentra entre los Estados miembros con penas más bajas para este tipo de delitos y tendría que aumentarlas si se aprueba esta norma comunitaria, que ahora debe ser discutida y acordada por los Gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara.
"La trata de migrantes se ha convertido en un negocio multimillonario y es uno de los desafíos más apremiantes y brutales de nuestros tiempos. En la UE debemos tomar medidas para garantizar que este crimen atroz se tipifique como delito de manera adecuada y uniforme", ha dicho la presidenta Von der Leyen.
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Bruselas sostiene que el tráfico de migrantes es uno de los motores del aumento de llegadas irregulares a la UE. En 2022, se detectaron alrededor de 331.000 entradas irregulares en las fronteras exteriores (el nivel más alto desde 2016), cifra que representa un aumento del 66% en comparación con el año anterior.
En 2023, el número de llegadas irregulares se situaba ya en 281.000 a finales de septiembre, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto coincide con una subida en las actividades de trata, con un nuevo récord de más de 15.000 traficantes de migrantes denunciados por los Estados miembros a Frontex en 2022, según los datos del Ejecutivo comunitario.
Se estima que más del 90% de los migrantes irregulares que llegan a la UE hacen uso de los servicios de contrabandistas, en su mayoría organizados en grupos criminales. Las redes de trata obtienen beneficios sustanciales de sus actividades delictivas, con estimaciones que oscilan entre 4.700 y 6.000 millones de euros en todo el mundo al año.
La directiva propuesta por Bruselas establece una definición más clara del delito de trata de migrantes, centrándose en actividades motivadas por un beneficio financiero o material o con altas probabilidades de causar daños graves a una persona. La instigación pública a venir a la UE sin autorización también deberá tipificarse como delito penal, lo que cubre la publicitación del tráfico de migrantes a través de herramientas digitales y redes sociales.
En cuanto a la armonización de sanciones, los casos de delitos más graves (que causen la muerte de una o más personas) se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos 15 años, superior a los 8 años actuales en la legislación vigente de la UE. La norma amplía la jurisdicción de los Estados miembros, por ejemplo a los casos de barcos que se hundan en aguas internacionales con muerte de personas.
El objetivo de la norma es atacar específicamente a las redes criminales. Actividades como la asistencia humanitaria de las ONG, el cumplimiento de una obligación legal de búsqueda y rescate o la asistencia por parte de familiares y los propios migrantes están excluidas de la tipificación.