Han hecho falta más de tres años de arduas negociaciones y una última noche en blanco, pero al final hay fumata blanca. La presidencia española de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este miércoles un acuerdo definitivo sobre el Pacto Europeo de Migración (uno de los objetivos prioritarios que se había fijado el Gobierno de Pedro Sánchez) que se basa en el refuerzo de las fronteras exteriores y el endurecimiento de las condiciones de asilo.
El Pacto pretende poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria, que desde la crisis de refugiados de 2015 se ha convertido en uno de los problemas más tóxicos y divisivos en la UE. La incapacidad mostrada por Europa a la hora de gestionar los flujos de migrantes y demandantes de asilo es además uno de los factores sobre los que ha cabalgado el auge de los partidos de ultraderecha en muchos Estados miembros.
Con el nuevo Pacto (compuesto por cinco grandes textos legislativos presentados por la Comisión de Ursula von der Leyen en septiembre de 2020), los dirigentes comunitarios pretenden tomar las riendas y demostrar a sus ciudadanos que sí son capaces de gestionar la migración. "Nosotros como europeos decidiremos quién viene a Europa y bajo qué circunstancias y no las mafias ni los traficantes", sostiene la presidenta.
"La UE cumple su promesa de mejorar el sistema de asilo y migración. Los ciudadanos de toda la UE quieren que sus Gobiernos se ocupen del desafío migratorio y hoy se ha dado un gran paso en esa dirección. Esta reforma es una pieza crucial del rompecabezas", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha dirigido las negociaciones en su recta final en representación de la presidencia española.
"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo sobre un Pacto Europeo de Asilo y Migración mejorado. El antiguo sistema no era sostenible para el futuro. Con este Pacto protegemos nuestras fronteras exteriores y ganamos control sobre la migración en Europa", ha dicho el eurodiputado del PP Jeroen Lenaers, uno de los negociadores del texto.
La prioridad absoluta en la que coinciden todos los Estados miembros (y que ha acabado aceptando la Eurocámara) es reforzar las fronteras exteriores de la UE con el fin de reducir las entradas irregulares y endurecer los procedimientos de asilo. Al mismo tiempo, la reforma establece un sistema de solidaridad a la carta para asistir a los países en primera línea de la frontera, como España, Italia, Grecia o Malta.
De hecho, el acuerdo se ha desbloqueado gracias a que el Parlamento Europeo renuncia a su exigencia inicial de fijar cuotas obligatorias de reparto de migrantes entre los Estados miembros. Una medida que reclamaba también el Gobierno de Sánchez, pero que no ha logrado una mayoría suficiente entre los Gobiernos. El reparto obligatorio que se aprobó en 2015 acabó en fracaso y provocó una fractura sin precedentes entre el Este y el Oeste que todavía no se ha curado.
En su lugar, el Pacto crea un mecanismo voluntario de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria.
La otra gran novedad del Pacto consiste en endurecer el asilo con la creación de un nuevo procedimiento fronterizo, cuyo objetivo es evaluar rápidamente en las fronteras exteriores de la UE si las solicitudes son infundadas o inadmisibles. Las personas sujetas al procedimiento fronterizo de asilo no estarán autorizadas a entrar en el territorio del Estado miembro.
A fin de llevar a cabo los procedimientos fronterizos, los Estados miembros en primera línea, como España, deberán dotarse de 'centros de recepción' con capacidad adecuada de acogida y los recursos humanos necesarios para examinar las solicitudes de asilo y ejecutar las resoluciones de retorno. A escala de la UE, el reglamento fija la capacidad adecuada en 30.000 personas, pero el reparto entre los Estados miembros todavía no se ha calculado.
Se aplicará el procedimiento fronterizo cuando un solicitante de asilo haya sido interceptado en un cruce ilegal de fronteras o tras desembarcar a raíz de una operación de búsqueda y salvamento. El procedimiento es obligatorio para los Estados miembros si el solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público, ha inducido a error a las autoridades con información falsa o ha ocultado información, y si la nacionalidad del solicitante tiene una baja tasa de reconocimiento (como Marruecos, Túnez, Egipto o Pakistán).
Además, el reglamento de gestión de crisis permite al país afectado por una avalancha migratoria grave o un caso de instrumentalización a cargo de un país tercero (como hizo Marruecos con España en mayo de 2021) flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo.
"El acuerdo no es más que un castillo de naipes incapaz de arreglar el fallido sistema de asilo de la UE. Después de años de negociación, nos queda un pacto que se traducirá en un aumento de las detenciones, más devoluciones y acuerdos dudosos con países no pertenecientes a la UE", sostiene la organización humanitaria Oxfam.
"El Pacto no resuelve los problemas de asilo de la UE; en realidad limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección", ha denunciado Cáritas Europa.