Un archipiélago del océano Índico compuesto por dos diminutas islas está poniendo en jaque los principios de Liberté, Égalité, Fraternité (libertad, igualdad, fraternidad), el lema oficial de la República Francesa. El pasado 11 de febrero, el Gobierno de Emmanuel Macron anunció un controvertido plan para modificar la Constitución con el fin de restringir la ciudadanía a las personas nacidas de inmigrantes en el territorio de ultramar de Mayotte.
En los últimos años, este territorio ha sido testigo de la llegada masiva de inmigrantes, muchos de ellos en embarcaciones improvisadas procedentes de las Comoras, mucho más pobre e inestable, un archipiélago que se sitúa a tan solo 70 kilómetros de distancia. A ellos se suman cientos de solicitantes de asilo que llegan cada semana desde la región de los Grandes Lagos de África Central o de la relativamente cercana Madagascar.
La gran mayoría llega con el anhelo de que sus hijos puedan alcanzar la nacionalidad francesa. Francia garantiza la ciudadanía a través del principio de ius sanguinis (derecho de sangre) y el de ius soli (derecho de suelo). Mediante este último, cualquier bebé nacido en territorio francés tiene derecho a la nacionalidad francesa. En los hospitales de la isla nacen más de 10.000 niños al año, la mayoría de madres comorenses.
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE), en Mayotte, que tiene una superficie de 375 km2 —para hacernos a la idea, la comunidad más pequeña de España, las islas Baleares, es más de diez veces más grande—, viven unas 310.000 personas, aunque las autoridades locales afirman que esta cifra está infravalorada. Más del 40% de los isleños sobreviven con menos de 160 euros al mes y solo la mitad de la población posee pasaporte francés.
Mayotte se encuentra sumida actualmente en una ola de desobediencia civil impulsada por el temor local de ser abrumados por forasteros. Desde mediados de enero, informa la BBC, la isla está afectada por bloqueos en carreteras establecidos por grupos locales, denominados ‘comités de ciudadanos’, que exigen que se reprima la inmigración, ya que, según ellos, traen consigo la delincuencia.
"Acabaremos acogiendo toda la miseria de las Comoras y de África, todo para que la gente de París pueda hacer alarde de sus grandes principios", denunció Estelle Youssouffa, diputada del bloque independiente LIOT en la Asamblea Nacional. “El derecho a circular libremente es un derecho fundamental, pero se nos priva de estos derechos, porque la violencia es ahora tan grave que ya no podemos vivir con normalidad”.
La presión de las autoridades locales ha hecho que Macron haya acabado renunciando al principio sacrosanto de la igualdad. La supresión del derecho de suelo busca calmar los llamamientos de los mahorais, como se conoce al pueblo de Mayotte. "Vamos a tomar una decisión radical: revisar la Constitución para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esto significa que ya no será posible ser francés si no se tienen padres franceses", declaró el pasado domingo el ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, en una visita a las islas. Esta medida, añadió, se aplicará exclusivamente a Mayotte, lo que hará desaparecer supuestamente el atractivo de la isla.
Técnicamente, desde 2018, el principio de ius soli no se aplica de manera estricta en Mayotte. La obtención de la nacionalidad francesa está condicionada a que al menos uno de los padres, si ambos son extranjeros, haya residido de manera regular en territorio francés durante tres meses al momento del nacimiento del niño.
El Consejo Constitucional respaldó esta disparidad de tratamiento fundamentándose en el artículo 73 de la Constitución, el cual permite ajustes legislativos para las comunidades de ultramar. Mayotte votó a favor de seguir formando parte de Francia en 1974. Las demás islas del archipiélago circundante pidieron la independencia y se convirtieron en las Comoras.
La “caja de Pandora”
Como era de esperar, la propuesta ha encendido un intenso debate en Francia. Muchos grupos de derechos humanos consideran esta medida discriminatoria. SOS Racisme, por ejemplo, calificó este cambio como el fin del principio de igualdad. “El anuncio de Gérald Darmanin de abolir el derecho de suelo en Mayotte equivale a legitimar la retórica de extrema derecha y supone un desafío espectacular al principio de igualdad que sustenta nuestra Constitución y nuestra ley”, señaló la organización en un comunicado publicado en X, antes Twitter.
La izquierda francesa considera que este cambio no acabará con los flujos migratorios hacia el archipiélago, ya que no es la ciudadanía per se lo que atrae a los inmigrantes, sino el nivel de vida comparativamente más rico —a pesar de que Mayotte es la región más pobre de Francia—. Además, advierten de que, a pesar de que el Gobierno lo niega, es muy probable que esta medida se acabe extendiendo a Francia en su conjunto.
Boris Vallaud, líder de los socialistas en la Asamblea Nacional, afirmó que se opondrán a la revisión de la Constitución. "La ciudadanía por derecho de nacimiento no es negociable", declaró a una radio local. Manon Aubry, del partido de extrema izquierda France Unbowed (LFI), también denunció la decisión y señaló que la administración de Macron está “atacando el concepto mismo de nacionalidad, el fundamento de la República”, escribió en la red social X.
Aurélien Taché, diputado de la alianza de izquierdas Nupes, remarcó que el cambio constitucional propuesto "abriría la caja de Pandora" a la extrema derecha, que aboliría la ciudadanía por derecho de nacimiento en toda Francia si llegara al poder.
Ciertamente, el ala conservadora de la política francesa ha acogido con entusiasmo la propuesta. Eric Ciotti, líder del partido Los Republicanos, apuntó la necesidad de extender la supresión del ius soli a todo el territorio nacional. “Lo que ocurre en Mayotte puede afectar mañana a la Francia continental”, indicó en X.
Le Pen se pronunció en el mismo sentido. "Se ha perdido mucho tiempo en llegar a la conclusión de que abolir el derecho de suelo, no solo en Mayotte sino en toda Francia, no solo es necesario sino posible", declaró Sebastien Chenu, portavoz del partido de extrema derecha. Esto, según Chenu, se lograría a través de un referéndum y la revisión de la Constitución.
Este debate llega tan sólo un mes y medio después de que Macron sacara adelante su polémica ley de inmigración con el incómodo apoyo de Le Pen. Este texto recoge la aceleración de las expulsiones de aquellas personas cuya demanda de asilo fuera rechazada y la facilitación de las condiciones de regularización de trabajadores en determinados sectores de la economía.