La Eurocámara aprueba el Pacto Migratorio: multa de 20.000€ por persona a los países incumplidores

Refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, endurecimiento del derecho de asilo, 'zonas de espera' para inmigrantes en los países de primera línea como España y multas de 20.000 euros por persona para los Estados miembros que rechacen su cuota de refugiados. La Unión Europea endurece su política migratoria con el fin de reducir el número de entradas irregulares y de quitar argumentos a las fuerzas de ultraderecha, que suben en todas las encuestas sobre las elecciones europeas de junio.

El pleno de la Eurocámara ha dado este miércoles su aprobación final a la decena de textos legislativos que componen el nuevo Pacto de Migración y Asilo, presentado por la Comisión de Ursula von der Leyen en septiembre de 2020. La votación ha sido interrupida brevemente por un grupo de asistentes que gritaban: "This pact kills, vote no" (Este pacto mata, vota no).

El contenido de la reforma ya fue acordado con los Gobiernos en diciembre durante la presidencia española de la UE. Populares, socialistas y liberales han votado mayoritariamente a favor, mientras que los verdes y la izquierda y la derecha radical (aunque por motivos opuestos) han rechazado el Pacto. "Nosotros debemos ser los que decidamos quién entra en la UE y en qué circunstancias, y no las redes de tráfico de personas", ha dicho Von der Leyen.

[La UE creará "zonas de espera" para inmigrantes en los países de entrada hasta decidir su futuro]

"La migración es un desafío europeo que debe afrontarse con una solución europea. Esto es lo que ofrece el Pacto sobre Migración y Asilo: fronteras más seguras, trámites más rápidos y eficientes, y más solidaridad con los Estados miembros en las fronteras exteriores", sostiene la presidenta de la Comisión.

Por su parte, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, asegura que la extrema derecha habría sido la principal beneficiaria si el Pacto no se hubiera aprobado. "Nuestros ciudadanos vienen pidiendo desde hace años una respuesta europea. Esto es lo que hemos logrado hoy y, a diferencia de las elecciones de 2019, podemos presentarnos ante nuestros ciudadanos y decirles que hemos cumplido", afirma Metsola. "La política da resultados. Hemos cumplido lo que los europeos nos pedían", coincide Von der Leyen.

La reforma todavía debe someterse la votación final entre los Estados miembros (probablemente el 29 de abril), donde tiene garantizada la mayoría suficiente para salir adelante. Se espera que Hungría vote en contra y probablemente también Polonia, pese al cambio de Gobierno. El nuevo primer ministro, Donald Tusk, ha dicho este miércoles que su país no aceptará ninguna cuota de migrantes. Su entrada en vigor está prevista para 2026.

El Pacto pretende poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria, que desde la crisis de refugiados de 2015 se ha convertido en uno de los problemas más tóxicos y divisivos en la UE. La incapacidad mostrada por Europa a la hora de gestionar los flujos de migrantes y demandantes de asilo es además uno de los factores sobre los que ha cabalgado el auge de los partidos de ultraderecha en muchos Estados miembros.

La reforma endurece el asilo con la creación de un nuevo procedimiento fronterizo, cuyo objetivo es evaluar rápidamente en las fronteras exteriores de la UE si las solicitudes son infundadas o inadmisibles y en su caso ejecutar las decisiones de retorno, en un plazo máximo de seis meses. Las personas sujetas al procedimiento fronterizo de asilo no estarán autorizadas a entrar en el territorio del Estado miembro.

Por eso, el nuevo Pacto obligará a los países que están en primera línea como Italia, España o Grecia a poner en marcha 'centros de recepción' en frontera donde se deben examinar las solicitudes de asilo. A escala de la UE, el reglamento fija la capacidad adecuada en 30.000 personas, pero el reparto entre los Estados miembros todavía no se ha calculado.

El pleno de la Eurocámara, durante la votación de este miércoles en Bruselas Parlamento Europeo

La otra gran novedad de la reforma es la creación de un mecanismo voluntario de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros. Los países que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria. Es decir, se trata de un sistema de solidaridad a la carta sin las cuotas obligatorias que pedían España, Italia o Grecia.

Otra de las piezas del Pacto Migratorio es el nuevo reglamento Eurodac -cuyo ponente es el jefe de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé-, que endurece el proceso de identificación a la llegada: obliga a fichar a todos los mayores de 6 años con foto y huellas dactilares para crear una base de datos común.

En esta base de datos, las autoridades podrán registrar si alguien puede representar una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va ilegalmente armada. De hecho, la reforma introduce controles obligatorios de seguridad y sanitarios para las personas que entren en la UE de forma irregular.

La reforma ha sido criticado con dureza por las organizaciones humanitarias que trabajan con migrantes. El nuevo Pacto Migratorio "resultará en detenciones generalizadas, incluyendo a familias y niños, procedimientos de asilo apresurados con salvaguardias limitadas y estándares de recepción deficientes en los países fronterizos tensionados", denuncia Cáritas.

"El Parlamento Europeo ha votado a favor de un sistema basado en la detención, la disuasión y la deportación. Esto es una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE. Hoy es un día vergonzoso para los derechos humanos", ha denunciado Oxfam.