Casi dos tercios de los solicitantes de asilo designados por el Gobierno británico para ser deportados a Ruanda, dentro de su polémico plan de inmigración, no pueden ser localizados por el Ministerio de Interior, según ha revelado este martes un documento gubernamental.
De las 5.700 personas asignadas para ser trasladadas al país centroafricano como parte de la estrategia del primer ministro, Rishi Sunak, para atajar la llegada de inmigrantes indocumentados en botes a través del canal de la Mancha, sólo 2.145 “continúan dando parte al Home Office y pueden ser localizadas para su detención”, señala el documento actualizado ayer por el Gobierno en su web.
Una fuente del Ejecutivo de Londres ha negado a la BBC que esas 3.557 personas se encuentren "desaparecidos" y ha explicado que estas personas están sujetas a restricciones más laxas y no se encuentran alojadas en instalaciones habilitadas por el Gobierno, aunque se les puede contactar con margen suficiente para ser deportados al país africano si es necesario.
[Sunak anuncia que las deportaciones a Ruanda de inmigrantes irregulares se harán en 10 a 12 semanas]
En este sentido, la ministra de Sanidad, Victoria Atkins, señaló hoy a GB News que los organismos de orden público del país “perseguirán” a quienes se encuentren desaparecidos.
Muchos solicitantes de asilo se alojan en lugares no proporcionados por el Ministerio de Interior, informó Efe. Algunos han de fichar regularmente en persona, mientras que otros pueden dar parte al Gobierno de manera digital y adherirse a requisitos menos estrictos.
El documento oficial que recogen hoy los medios locales da detalles de los 5.700 solicitantes de asilo que, en principio, Ruanda ya habría acordado aceptar y señala que aquellos identificados inicialmente llegaron al Reino Unido de manera ilegal entre enero de 2022 y junio de 2023.
Esas personas ya recibieron un "aviso de intención", alertándoles de que sus solicitudes de asilo son inadmisibles y de que estaban siendo considerados para su deportación a Ruanda antes de que el Tribunal de Apelaciones tildara de ilegal esa política el 29 de junio de 2023.
El documento actualizado también advierte de la posibilidad de que puedan producirse "retrasos" en los procesos de deportación de los solicitantes de asilo si algún diputado decide representar casos particulares ante el Parlamento.
En este sentido, agrega que dada la "naturaleza novedosa" del plan de Ruanda, los casos individuales podrían "atraer atención significativa de los diputados (...), lo que ocasionaría retrasos o cancelaciones a la espera de respuestas".
"Como ha dejado claro el primer ministro (Rishi Sunak), los vuelos despegarán a Ruanda en las próximas 10 a 12 semanas", señala un portavoz del Ministerio de Interior. "Como preparación a estos despegues, hemos identificado una partida inicial para ser deportada a Ruanda y tenemos cientos de personas dedicadas a procesar cualquier apelación", agregó.