Bruselas

Cuando parecía que la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza iba a acabar definitivamente en la papelera, un giro de guión imprevisto en el último minuto ha permitido que se salve, aunque de forma muy precaria. Se trata de una de las normas más polémicas de la pasada legislatura y símbolo del enfrentamiento entre los defensores del Pacto Verde Europeo y los del sector agrícola.

En tiempo de descuento, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han dado este lunes su aprobación definitiva a la Ley -cuyo objetivo es recuperar la biodiversidad perdida y los espacios naturales degradados- gracias al cambio de postura de Austria, que ha pasado de la abstención al sí. Sin embargo, el canciller Karl Nehammer ha escrito una carta a la presidencia belga en la que sostiene que su ministra de Clima, Leonore Gewessler, no estaba autorizada a votar 'sí' porque no hay consenso en la coalición. Gewessler, que es Verde, habría desoído sus instrucciones, algo que ella niega.

Italia, Polonia, Países Bajos, Hungría, Suecia y Finlandia han votado en contra, mientras que Bélgica se ha abstenido. Su argumento principal es que la Ley tendrá unos costes muy elevados e impone cargas burocráticas desproporcionadas, sobre todo para los agricultores. "No podemos aceptar un aumento de las cargas económicas y administrativas sobre el sector agrícola. No podemos ignorar su sufrimiento y su muy difícil situación", ha alegado la viceministra italiana, Vannia Gava.

[El PPE fracasa en su propósito de tumbar la Ley de Restauración de la Naturaleza]

"Si no restauramos la naturaleza, no habrá futuro para las comunidades locales ni para la agricultura", replica la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las mayores defensoras de la Ley.

Ribera ha dicho que la aprobación de la Ley es una "buena noticia", aunque admite que su puesta en práctica va a requerir "un esfuerzo de acompañamiento y un compromiso con el sector primario". "En España tenemos buenos ejemplos de este compromiso, en concreto en la restauración del Mar Menor o en la oportunidad que se ha dado a Doñana", sostiene la vicepresidenta.

La norma, promovida por la Comisión de Ursula von der Leyen, exige poner en marcha medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. No obstante, durante su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo (que ya han acordado el texto definitivo) se ha rebajado considerablemente la ambición de la propuesta original de Bruselas.

De hecho, a petición de la Eurocámara se ha introducido un "freno de emergencia" que permitirá suspender hasta un año las disposiciones de la Ley de Restauración de la Naturaleza que se refieren a los ecosistemas agrícolas, en el caso de circunstancias excepcionales que pongan en riesgo la seguridad alimentaria a escala de la UE.

La tramitación de la norma ha sido particularmente accidentada. El pleno del Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza el pasado 27 de febrero por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Y eso pese a que el Partido Popular Europeo (PPE), el mayor de la Eurocámara, había acordado votar en contra precisamente con el argumento de que introducirá más carga burocrática y obligaciones para los agricultores, justo en plena revuelta del campo en toda la UE.

Al final, una veintena de eurodiputados del PPE (de Eslovaquia, Malta, Irlanda, Portugal, Alemania o Países Bajos) se rebelaron contra la línea política marcada por su líder, el alemán Manfred Weber, y apoyaron la norma. La mayoría de los populares (incluyendo la delegación española) votaron 'no', al igual que los grupos de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos e Identidad y Democracia. La Ley salió adelante con el apoyo de los socialistas europeos, los verdes, la izquierda radical y la mayoría de los liberales. 

Esta votación se hizo sobre la base de un texto que había sido ya pactado por los negociadores de la Eurocámara y la presidencia española de la UE en nombre de los Gobiernos. Sin embargo, cuando parecía que la Ley estaba definitivamente encarrilada, el pasado marzo Hungría se descolgó del acuerdo, sumándose a los países que habían estado en contra desde el principio y formando una minoría de bloqueo.

Fue uno de los pocos casos en la historia en que una norma europea se cuestionaba después de haber sido aprobada por el pleno de la Eurocámara. Normalmente los Gobiernos se pronuncian antes de la votación en el Parlamento y ya no cambian su posición: la ratificación final es sólo un trámite burocrático. Pero Hungría desafió esta convención y retiró en el último minuto el apoyo a la Ley de Restauración de la Naturaleza. 

Sin embargo, la presidencia belga de la UE ha seguido negociando para conseguir sacar adelante como sea la última norma de la pasada legislatura. Al final, sus gestiones han tenido éxito gracias al cambio de posición de Austria. Pese a la carta del canciller, el servicio jurídico del Consejo ha confirmado que la ministra Gewessler representa a su país y que su voto es vinculante.

Para alcanzar los objetivos generales de la Ley, los Estados miembros deben restaurar al menos el 30% de los hábitats contemplados (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60% en 2040 y al 90% en 2050. Hasta 2030 se deberá dar prioridad a las zonas protegidas de la red Natura 2000.

Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

Con vistas a mejorar la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas, los países de la UE deberán avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.