Las autoridades francesas han detenido este martes en París a siete -autodenominados- "cristianos españoles" que protestaban contra la controvertida escena de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la 'Última cena'. La acción, organizada por la plataforma Citizen Go, consistió en un autobús con matrícula española con un estampado en su carrocería en el que destacaba el mensaje 'Stop attacks on Christians' (basta de ataques a los cristianos) que estuvo circulando por las calles de la capital francesa, indicó Le Parisien este martes.
La Fiscalía de París ha emitido un comunicado informando sobre el incidente y señalando que decidió poner fin al arresto y archivar el procedimiento al considerar que había irregularidades. En primer lugar, la demora para ponerles al ante un responsable de la policía judicial y no se había especificado de forma suficientemente precisa el motivo de los arrestos.
Ese mensaje iba acompañado de los aros olímpicos sobre los que había una cruz y, sobre todo, un montaje fotográfico en el que aparecían en paralelo la imagen de 'La última cena' de Leonardo da Vinci y la polémica escena de la ceremonia de los Juegos, interpretada en particular por artistas trans, que se ha querido interpretar como una parodia de la primera.
Después de que hubiera sido visto en varias de las principales avenidas de París, la policía interceptó el autobús junto al Arco de Triunfo en el que iba el chófer, que fue objeto de un control que mostró que todo lo relacionado con el vehículo estaba en regla.
Según el relato de la Fiscalía, a petición de los policías se presentaron otras seis personas que dijeron ser miembros de Citizen Go y que dijeron ser responsables del estampado con los mensajes políticos. Los seis fueron conducidos a comisaría, donde quedaron bajo arresto, indicó Le Parisien.
Autobús de la plataforma Citizen Go.
En Francia, participar en una manifestación no declarada está sancionado con una multa. Más grave es organizar una manifestación sin informar a la autoridad, ya que teóricamente se corre el riesgo de recibir una condena de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.