Sánchez reinterpreta el plan de Meloni para evitar la deriva de expulsiones del resto de Europa

La crisis requirió de un ambicioso plan tejido entre la propia Meloni y el ministro de interior, Matteo Piantedosi, político independiente, pero amigo cercano del líder de la Liga Norte, Matteo Salvini: en enero de 2024, se anunció un acuerdo con una serie de países africanos (Túnez, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Mozambique, Egipto, Congo, Etiopía y Kenia) para invertir en sus países hasta 5.500 millones de euros. El trato, bautizado como Plan Mattei, en memoria de Enrico Mattei, el empresario petrolero italiano que fue clave en el resurgimiento económico de la Italia de posguerra, estaba llamado a mejorar las condiciones de vida de los residentes en esos países para evitar las fugas masivas al norte.

Por supuesto, hubo quien pensó que lo que se hacía, en la práctica, era comprar la voluntad de esos gobiernos para que pusieran de su parte en el proceso. Algo habría, desde luego. En cualquier caso, funcionó. En los ocho meses que llevamos de 2024, Italia ha pasado de recibir 113.469 inmigrantes ilegales a lidiar con 40.138, según datos del propio gobierno Meloni. Se trata de un descenso del 64,6%. Aunque las cifras sigan siendo objetivamente altas, el número de menores no acompañados se ha desplomado en un 300% y ahí es fácil ver la mano de los gobiernos africanos abriendo o cerrando el grifo.

Al Plan Mattei se le sumaron otras medidas de colaboración con los países de origen: Italia tiene acuerdos con Egipto, Libia y Túnez, los países de donde llega la mayor parte de su inmigración ilegal, para poder devolver “en caliente” a aquellos ciudadanos de esos países que no cumplan los requisitos (entre ellos, pagar 5.000 euros de fianza a la entrada) puestos por el gobierno. También ha sido el primer país de la UE en externalizar la acogida de refugiados, con la apertura de un centro de inmigrantes ilegales en Albania. 

El primer ministro de Albania, Edi Rama, sella un acuerdo para crear dos centros de acogida de inmigrantes en el país balcánico junto a su homóloga en Italia, Giorgia Meloni. Efe

La "migración circular" de Sánchez

Pese a las obvias divergencias políticas, es fácil ver en el viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal algunas similitudes con el Plan Mattei italiano. De entrada, la necesidad de actuar en los países de origen, como ya alertó Alfredo Pérez-Rubalcaba en su etapa como ministro de interior del gobierno Zapatero. La idea es combinar las ayudas de financiación a proyectos propios -algo que ya se ha hecho en Marruecos, por ejemplo- con el ofrecimiento de puestos concretos de trabajo para favorecer una inmigración legal y ordenada.

A la ayuda de 500.000 euros para mejorar la seguridad de sus fronteras -una cifra en apariencia poco convincente- Sánchez ha ofrecido a Mauritania la posibilidad de contratar a parte de los 250.000 trabajadores que la AIReF ha calculado que se necesitan al año para mantener el actual estado del bienestar. No se ha hecho público exactamente el tipo de trabajo ofrecido ni la industria a la que pertenecería ni las condiciones, pero ahí está el caramelo y se espera que Mauritania lo saboree con agrado y cierre sus puertos a cal y canto. Una vez terminados sus contratos, los trabajadores volverían a Mauritania, en lo que se ha dado en llamar “migración circular”.

La importancia de Mauritania, como la de Senegal, es tan obvia para España como lo pueden ser Túnez, Libia o Egipto para Italia: desde sus puertos salen buena parte de los inmigrantes ilegales que abarrotan estos días las islas canarias. De Nuakchott a Maspalomas hay aproximadamente la mitad de diferencia que de Madrid a Santa Cruz de Tenerife. Dakar no queda mucho más lejos. Si España consigue frenar el flujo, le será más fácil sostener sus medidas de acogida, que incluyen la prohibición de devoluciones “en caliente” y la tutela por parte del estado de todos los menores no acompañados, demuestren o no su edad verdadera. Se mitigaría así el impacto político sobre su electorado.

Camino del récord de 2018

En lo que llevamos de año, España ha acogido a 31.695 inmigrantes ilegales. Ya estaríamos por encima de las cifras totales de 2022 y en ritmo de superar las de 2023 (56.852, de las que 39.910 llegaron al archipiélago canario). Se podría llegar incluso a superar el récord de 2018, cuando 64.298 personas entraron ilegalmente en nuestro país, que se tenga constancia. Son, en cualquier caso, números que quedan afortunadamente muy lejos de los inmigrantes legales que viven en nuestro país.

De hecho, en España, hasta el 13,5% de los ciudadanos tienen nacionalidad extranjera, algo más de seis millones y medio. Si sumamos a los nacidos en un país extranjero, pero que han adquirido la nacionalidad española, llegamos a los 8,2 millones, es decir, un 17,1% del total. Pese a la algarabía política que se suele formar al respecto, lo cierto es que 40 de los 48 millones de habitantes que viven en España han nacido en España. 

Ahora bien, si comparamos nuestras cifras con las de la Unión Europea, lo cierto es que estamos por encima de la media comunitaria (9,2% de población extranjera) y, si contamos solo los países de más de diez millones de habitantes, ocuparíamos el tercer lugar tras Alemania y Bélgica. Otros países, con una tradición colonialista, como Francia o Reino Unido, ahora mismo fuera de la Unión, están viviendo en estos días un repunte no tanto en la llegada de inmigrantes sino en su radicalización y en la de los partidos nacionalistas que piden su expulsión. Lo mismo se puede decir de países nórdicos como Suecia o Dinamarca, que nunca han visto demasiado bien los fenómenos migratorios.

La "externalización", la preferencia europea

En Francia, el gobierno Macron está siendo duramente criticado por su supuesta “debilidad” ante los inmigrantes ilegales. Es uno de los argumentos habituales de Marine Le Pen, Eric Zemmour y la derecha nacionalista radical francesa. Es cierto que, al contar con un importante porcentaje de población de origen musulmán, el problema de la integración en la cultura común ha sido siempre un problema, ya desde los años sesenta, con el riesgo de formación de guetos en las grandes ciudades, especialmente en barrios periféricos donde la delincuencia siempre ha sido un modo de vida, independientemente de la nacionalidad.

Sin embargo, el problema francés con la inmigración es más legal que político: en enero de este mismo año se promulgó una nueva ley en la que se endurecían los requisitos para permanecer en el país y se limitaba el derecho de agrupación familiar. Hasta 35 de los 86 artículos de la ley, aprobada en la Asamblea Nacional con los votos de la derecha y la ultraderecha, fueron anulados por el Consejo Constitucional por considerar que iban en contra de la Carta Magna. Todo estado liberal se va a encontrar con esta contradicción en su seno: la garantía de los derechos individuales va a estar por encima de cualquier legislación contra un grupo.

Eso no quiere decir que no se estén buscando alternativas y que el auge de la “alt-right” en todo el continente no esté acuciando el problema migratorio. Recientes están los altercados en Inglaterra provocados por la histeria colectiva contra los inmigrantes… un país que, por otro lado, también “externaliza” la gestión de parte de su inmigración irregular: si Italia los manda a Albania, Reino Unido los manda a centros en Ruanda y luego va decidiendo caso a caso. De hecho, el propio primer ministro laborista, Keir Starmer, anunció este miércoles su propia copia del “Plan Mattei”: ayudas e inversiones por valor de 84 millones de libras (unos 100 millones de euros) en países africanos y de Oriente Medio.

La externalización, es decir, la gestión del problema en terceros países, un término medio entre la expulsión directa y la acogida sin cortapisas, es ahora mismo la moda entre gran parte de los países europeos. Dinamarca encabezó en mayo de este año una petición de quince países -entre ellos, Italia, Países Bajos, Austria, Polonia o las repúblicas bálticas- para poder enviar a sus inmigrantes a estados asociados fuera de las fronteras europeas. De hecho, recientemente, el gobierno danés limitó también las peticiones de asilo provenientes de Siria, que sigue siendo el origen de la mayoría de los casos de inmigración irregular en Europa, muy por encima de los países africanos.

La mano de Putin en el Sahel

A todo esto hay que añadirle otras cuestiones geopolíticas. En noviembre de 2021, miles de inmigrantes ilegales, la mayoría de origen afgano y sirio, se plantaron en la frontera entre Bielorrusia y Polonia con la intención de entrar en la Unión Europea. En cuanto se supo que todo era una maniobra del Kremlin para desestabilizar la frontera oriental de la UE, Polonia se negó a acoger a ninguno de los supuestos refugiados, que tuvieron que volver a sus países o quedarse en Bielorrusia.

El control de la inmigración es poder y en eso no participan solo las mafias, sino también algunos estados muy concretos. Rusia y China, por ejemplo, están detrás de la gran mayoría de infraestructuras ferroviarias y portuarias en África y Asia. En algunos países, como se ha visto recientemente en Mali o en la República Centroafricana, quitan y ponen gobiernos o al menos dictan sus políticas. El Grupo Wagner, que saltó a la fama en la guerra de Ucrania, siempre fue un cuerpo de mercenarios destinado a mediar en el tráfico de personas en África y en Siria, sobre todo.

Con su denominación actual -Africa Corps-, y con un control directo desde Moscú, el antiguo Grupo Wagner controla el Sahel y ayuda militarmente a Níger y a Burkina Faso. El Sahel, un corredor que va desde Eritrea a la propia Mauritania, forma la ruta por donde pasa la mayor parte de la inmigración tanto africana como asiática. Mientras Putin siga ofreciendo todo lo que ofrece, es difícil pensar que los 500.000 euros de Sánchez van a servir de algo, aunque bueno sea intentarlo. 

En otras palabras, aparte de las medidas que se tomen en los países de acogidas, la posible externalización de los trámites o los acuerdos con los países de origen, hay un problema político detrás de difícil solución. No puede ser casualidad que 2023 y 2024 hayan sido años tan horribles justo después de que, en 2022, Rusia le declarara la guerra comercial al resto de Europa. Y viceversa.