La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también han aprobado la orden de arresto pedida en mayo por el fiscal Karim Khan contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, del que se conoce su paradero. Israel lo da por eliminado en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, pero el grupo terrorista no ha confirmado su muerte.
Los motivos aceptados por los jueces son las sospechas de que Netanyahu y Gallant son "responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos". Además, se les considera responsables como "superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil".
La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad, pues, las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular. El Gobierno de Netanyahu también reclamó a los jueces que detuvieran "cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto", otra petición rechazada por los magistrados.
En cuanto a Hamás, Khan reclamó el arresto de los entonces líder Yahya Sinwar; el jefe militar Mohammed Deif; y su responsable político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.
La reacción de Netanyahu no se ha hecho esperar. A través de un comunicado de su oficina, ha tachado de "antisemita" esta orden que se esperaba desde hace meses, a la que ha comparado con un "moderno juicio a Dreyfus", además de subrayar que el fallo de la CPI está lleno de "mentiras absurdas y falsedades". En cualquier caso, ha reiterado que "no cederá a la presión" en defensa de sus ciudadanos ni las fuerzas israelíes se "retirarán" hasta que "se logren todos los objetivos en Gaza". "No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza", ha subrayado.
El primer ministro Naftali Bennett, ha definido a la orden de la CPI como "una marca de vergüenza" para el tribunal. El principal líder de la oposición, Yair Lapid, habla de "una recompensa para el terrorismo".
También ha reaccionado Hamás. "La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista", ha señalado en un comunicado. El miembro del buró político de Hamás, Izzat al Rishq, subrayó, por su parte, que esta decisión de la CPI expone "el verdadero rostro terrorista" de Israel en beneficio de los palestinos, así como que su causa y objetivo de liberación "son inevitables".
Conviene recordar que Israel está entre los Estados que, como Rusia, Estados Unidos o China, no reconoce la jurisdicción del CPI. Esto significa que, como en el caso de Vladímir Putin, Netanyahu puede moverse con libertad dentro de esos países, pero aquellos que sí ratificaron el Tratado de Roma están obligados a su detención si traspasa sus fronteras. En esta lista están todos los países de la Unión Europea y casi todos los americanos y africanos. Sin embargo, Mongolia sentó recientemente un precedente desfavorable al recibir a Putin con todos los honores en lugar de arrestarlo para entregarlo para ser juzgado.