El Parlamento británico aprobó el viernes un nuevo proyecto de ley que permitiría la muerte asistida, iniciando meses de debates sobre un posible cambio legal que ha desencadenado una conversación nacional acerca de la dignidad en el final de la vida y los cuidados paliativos.
En una aprobación inicial del proyecto, 330 legisladores votaron a favor y 275 en contra de la propuesta titulada "Adultos Terminalmente Enfermos (Fin de Vida)", que otorgaría a personas mentalmente competentes, con enfermedades terminales y diagnosticadas por médicos con una esperanza de vida de seis meses o menos, el derecho a elegir terminar su vida con ayuda médica en Inglaterra y Gales.
Se trata de un paso histórico hacia un cambio legislativo que podría llevar a Reino Unido a seguir el ejemplo de países como Australia, Canadá o España, marcando una de las reformas sociales más significativas de su generación.
Sin embargo, el proyecto aún podría ser modificado o incluso rechazado mientras atraviesa el proceso legislativo tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores, la cámara alta no electa del Parlamento.
"Será un proceso muy exhaustivo", declaró Kim Leadbeater, la legisladora laborista que presentó la iniciativa, en una entrevista con la BBC, agregando que el proceso podría extenderse por otros seis meses.
"Hay tiempo suficiente para hacerlo bien", añadió tras un debate en el pleno que se prolongó durante más de cuatro horas, cargado de argumentos a menudo emotivos.
Argumentos a favor y en contra
Quienes apoyan el proyecto de ley argumentan que busca acortar el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales y brindarles mayor control sobre su final.
Por el contrario, los detractores advierten que las personas vulnerables podrían sentir presión para acabar con su vida por temor a convertirse en una carga para sus familias y la sociedad, en lugar de priorizar su propio bienestar.
Otros expresaron su preocupación por la falta de tiempo suficiente para considerar la propuesta antes de someterla a votación y señalaron que en otros lugares donde se ha permitido la muerte asistida, las salvaguardas inicialmente aplicadas se han relajado con el tiempo.
"Habrá una nueva oportunidad para mejorarla, y si no es posible, espero que podamos rechazarla", dijo el legislador conservador Danny Kruger, uno de los principales opositores a la legislación, en declaraciones a Sky News. Kruger sostuvo que era "imposible redactar un proyecto de ley que sea completamente seguro".
Leadbeater, por su parte, ha prometido implementar las salvaguardas más estrictas del mundo. Según la propuesta, dos médicos y un juez del Tribunal Superior tendrían que verificar que la decisión fue tomada de manera voluntaria. Además, presionar o coaccionar a alguien para que ponga fin a su vida sería castigado con hasta 14 años de prisión.
Un manifestante sostiene un cartel ante el parlamento en el momento de la votación.
Un manifestante sostiene un cartel ante el parlamento en el momento de la votación.
Un debate nacional
La iniciativa ha generado un intenso debate nacional en Reino Unido, con ex primeros ministros, líderes religiosos, médicos, jueces y ministros del gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer expresando sus opiniones sobre el tema.
Starmer votó a favor del proyecto de ley, aunque varios miembros destacados de su gobierno votaron en contra. Las encuestas sugieren que la mayoría de los británicos apoya la muerte asistida.
El ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, explicó que votó en contra porque considera que la política debe centrarse en "prolongar la vida, no acortarla". Por otro lado, el ex primer ministro Rishi Sunak, cuyo Partido Conservador perdió ante los laboristas de Starmer en las elecciones de julio, expresó su apoyo al proyecto, argumentando que ayudaría a reducir el sufrimiento.
El proyecto de ley cambiaría la legislación en Inglaterra y Gales. Escocia está considerando una modificación similar en su normativa para permitir la muerte asistida, mientras que no existen propuestas de este tipo en Irlanda del Norte.
El viernes, grupos de personas a favor de la muerte asistida se reunieron frente al Parlamento para seguir la votación en sus teléfonos móviles. Al conocerse el resultado, algunos se abrazaron, otros aplaudieron y muchos no pudieron contener las lágrimas.
"Estoy absolutamente encantada", dijo Liz Reed, de 38 años, mientras se secaba las lágrimas. "Espero que esto signifique que algo positivo pueda surgir de algo tan terrible".
Leadbeater expresó su gratitud por el carácter apasionado pero respetuoso del debate, incluso por parte de quienes se opusieron a su propuesta.
"Es un tema muy emotivo, pero lo es para muchas personas", señaló. "Estoy agradecida de haber podido representar esas voces hoy aquí, y ahora podemos llevar este tema al siguiente nivel".
¿Qué dice la ley española?
En España, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la ley de eutanasia en 2021. Con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, España se convirtió en el quinto país del mundo que regula el derecho a una muerte asistida para personas con enfermedades graves e incurables o condiciones que provoquen un sufrimiento intolerable.
La norma establece un proceso estrictamente regulado. Los solicitantes deben ser mayores de edad, residentes en España y actuar de forma libre y consciente, acreditado a través de varias peticiones por escrito y entrevistas con médicos y especialistas. Además, cada caso necesita la revisión de una Comisión de Garantía y Evaluación, integrada por médicos, juristas y enfermeros, lo que asegura que la decisión es ética y legalmente justificada.
El procedimiento, que puede durar hasta 40 días, permite tanto la eutanasia activa (administración directa de una sustancia letal) como el suicidio asistido (suministro de un fármaco que el paciente se autoadministra). Su aplicación se puede realizar en centros sanitarios o en el domicilio del paciente.
La ley incluye el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, quienes deben manifestarla previamente por escrito. Aunque la norma tiene un apoyo del 87% de la población, según algunas encuestas, cuenta con la oposición de la Iglesia católica y partidos de derecha como PP y Vox.