Ayer, durante la conferencia anual de los países miembro de la Corte Penal Internacional, su presidenta advirtió sobre dos peligros extraordinarios. El primero que mencionó la japonesa Tomoko Akane fue más personal. Sus trabajadores, jueces y fiscales, están sufriendo un alud de “presiones” y “amenazas” que comprometen su seguridad. No citó, para el caso, el acoso sufrido por la anterior fiscal jefe, Fatou Bensouda, cuando trató de investigar las acciones militares de Israel en Palestina. El Mosad, según The Guardian, la animó a redirigir sus esfuerzos hacia otro lugar para no jugar con la seguridad de su familia.
Lo que sí mencionó fue, indirectamente, el empeño de dos potencias del Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que la Corte haga su trabajo. Por un lado, las “amenazas con sanciones económicas draconianas” lanzadas desde Estados Unidos contra los responsables del tribunal por pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. La causa que les corresponde incluía, también, a tres jefes de la estructura militar de Hamás que Tel Aviv da por liquidados. Las acusaciones por las que habrían de responder los políticos hebreos serían por “privar de forma intencionada y sistemática a la población civil de Gaza de suministros indispensables para la supervivencia”.
Por otro lado, las órdenes de arresto del Kremlin contra el fiscal jefe de la Corte Penal, Karim Khan, y otros compañeros. Fue la reacción de Moscú a la orden emitida por la Corte Penal contra el presidente Vladímir Putin y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por el secuestro masivo de niños en los territorios ocupados de Ucrania.
El historial de disidentes muertos en Rusia no ayudó a calmar los nervios en La Haya. “El Tribunal ha sido objeto de ataques que buscan socavar su legitimidad y capacidad para administrar justicia y hacer realidad el derecho internacional y los derechos fundamentales”, argumentó Akame. “Lo hacen con medidas coercitivas, amenazas, presiones y actos de sabotaje” que compromete, a su juicio, la propia “existencia del tribunal”.
“Nunca cederemos a medidas coercitivas, amenazas, sabotajes o ultrajes. La Corte, que defiende el principio del Estado de derecho, continuará persiguiendo la justicia y defendiendo la dignidad y los derechos de las víctimas de atrocidades sin temor ni favoritismo”, continuó. “Me impresiona que ciertos Estados e individuos se escandalicen cuando jueces independientes emiten decisiones en línea con las pruebas y la ley, cuando lo que importa no es el dedo que señala, sino la luna”. Lo que desearía Akane es que los Estados y los individuos se escandalizaran “por las conductas criminales que se hayan cometido”.
El primer fiscal jefe de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, explicó en EL ESPAÑOL algunas de las trabas que conoció de primera mano y comprobó que siguieron repitiéndose. “Hay una justicia para mis amigos y otra para los demás”, dijo. Es el imperio legal de los países que ganaron la guerra. Nadie discute que el crimen de lesa humanidad o el genocidio está mal. El tema es que ni China ni Estados Unidos aceptan un control independiente. Estados Unidos, que se rasga las vestiduras con Ucrania cuando el ruso la invade, y tiene razón, ignora que hizo lo mismo en Irak e ignora los crímenes cometidos en Gaza. Tenemos un mundo que no está diseñado para proteger los intereses de cada persona. La fiscalía y la Corte Penal Internacional son para eso”.
Akane protestó, pues, por los insultos y por los impedimentos. Se sienten tratados, añadió, “como una organización terrorista”. Y no ayuda que algunos de los firmantes pioneros del texto fundacional de la Corte, el Tratado de Roma, debiliten su defensa del tribunal. Todos los países de la Unión Europeo están obligados a acatar la jurisdicción de La Haya. Sin embargo, Francia comunicó que considera “inmune a Netanyahu”, y dejó en el aire que fuera a detenerlo si entra en su territorio. Italia, Reino Unido y Alemania se expresaron con ambigüedad, y hasta los Países Bajos, sede de la Corte, miró hacia otro lado: puede haber circunstancias, aseguró, en las que el primer ministro israelí podría visitar el país.
“Es una escalada muy peligrosa”, explicó Sergey Vasíliev, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Abierta de los Países Bajos, a la agencia Reuters. “Es un paso hacia el desmantelamiento de la Corte en su conjunto".