El miedo a la inhabilitación anima a Le Pen a aliarse con la izquierda para acelerar su posible desembarco en el Elíseo

¿Por qué Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, ha hecho caer el Gobierno de Michel Barnier, sumando sus votos a los de la coalición de izquierda? ¿Por qué echar por tierra años de moderación para sacar del ostracismo a su partido hasta convertirlo en el partido más votado en las últimas elecciones legislativas? ¿Por qué ahora?

Porque teme que la sentencia del proceso de los asistentes del Parlamento Europeo puede impedir que se presente a las próximas elecciones presidenciales. Es el objetivo político de su vida, como lo fue antes el de su padre, Jean-Marie Le Pen. Tras tres fracasos previos, Marine podía soñar razonablemente con la victoria: encabeza todas las encuestas. Además, en esa ocasión no tendrá en frente a Emmanuel Macron, que no puede volver a presentarse.

Esa era mi interpretación personal, casi mi intuición apoyada en menciones colaterales de analistas de la política francesa. Por ejemplo: “No puede haber elecciones legislativas antes del mes de julio, la próxima elección presidencial es dentro de dos años y medio. La constitución es un exoesqueleto que protege a Macron hasta el último minuto. Entonces, ¿por qué desencadenar una crisis política sin volver a las urnas? ¿Es el calendario judicial que desestabiliza una estrategia comprensible hasta ahora? ¿El afán de revancha tras peticiones desproporcionadas [de la fiscalía]?”. Esto decía el editorial que firmaba hace dos días Vincent Trémolet de Villiers en Le Figaro.

El editorial de Le Monde, publicado horas antes de la discusión de la moción de censura, era más claro: “Terminado el mito de la marcha tranquila hacia el poder, resquebrajado el barniz de respetabilidad con el que [Marine Le Pen] quiso revestir a sus tropas. Con el pretexto de responder a la cólera de su base, ella ha dejado estallar la suya, que le acompaña desde las peticiones de la fiscalía en el proceso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional. El veredicto se conocerá el 31 de marzo. Ella se juega la inelegibilidad”.

El proceso de los asistentes del Parlamento Europeo ha llevado ante la justicia francesa a Marine Le Pen y a otras 24 personas, así como al partido de extrema derecha como persona moral. La acusación es por desvío de fondos públicos europeos, aunque la causa se ha visto ante el Tribunal Correccional de París.

Ludovic Marin Reuters

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El Parlamento Europeo evaluó el perjuicio a sus arcas en 6,6 millones de euros entre 2009 y 2017. El Frente Nacional (ahora rebautizado Reagrupamiento Nacional) entonces muy endeudado, camuflaba a personal del partido como asistentes del Parlamento Europeo. Según la instrucción, el FN puso en marcha “de manera concertada y deliberada un sistema de desvío” de los 21.000 euros mensuales que la UE pone a disposición de cada diputado para que pague a sus asistentes.

Un clásico entre las pillerías del Europarlamento. Sólo que el descaro era supremo. El Frente camuflaba como “asistentes parlamentarios” al guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen y al encargado del grafismo del partido. Según la acusación, su hija, presidenta del partido de 2011 a 2022, fue “una de las principales responsables del sistema, prevenida por el tesorero del partido de la necesidad de aliviar las finanzas del FN”. En julio pasado, Marine Le Pen aceptó reembolsar al Parlamento Europeo 330.000 euros.

La defensa de Le Pen argumentó que “los asistentes parlamentarios no son funcionarios de la Eurocámara ni trabajan para ella sino que son asistentes del partido”. En breve, que se les puede encomendar las tareas que el partido decida. Tesis basta. El Parlamento Europeo, que ha visto esas mismas prácticas en varias ocasiones, acumuló pruebas contra ellos.

La Fiscalía reclama para Le Pen una pena de cinco años de prisión, dos de ellos firmes que pueden ser cumplidos con brazalete electrónico, 300.000 euros de multa y cinco años de ilegibilidad con ejecución inmediata. Esto último es lo que escoció especialmente a la líder de la extrema derecha. Ejecución inmediata quiere decir que, aunque Le Pen presentara recurso, y aun cuando la sentencia no sea firme, no podría presentarse a las presidenciales. Podría, eso sí, mantener el escaño hasta que todos los recursos sean vistos por los tribunales superiores.

Obviamente, el Tribunal puede agravar o aligerar la pena en su sentencia del 31 de marzo. Pero Le Pen sintió un calambrazo al oír la petición del ministerio público. Su sueño de llegar al Elíseo se tambaleaba. De repente dejaban de tener sentido tantos años de trabajo político para desdemonizar el partido, la expulsión de todo militante que hiciera un comentario antisemita, incluso su propio padre. Au revoir el radicalismo. Bonjour, la respetabilidad. Ejemplo su labor como parlamentaria, al frente de una tropa disciplinada, bien vestida, con mejores maneras que los insumisos, descorbatados y broncas.

Oposición responsable. Comprensiva con los chalecos amarillos pero sin manifestarse en la calle. Contra la reforma de las pensiones pero sin participar en las protestas callejeras. El reverso del líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, siempre presente en todas las protestas con el verbo encendido. Le Pen se normalizó. Fue admitida en una manifestación unitaria contra los atentados de Hamás. Mélenchon escogió el bando contrario, en la calle y en los medios. Propalestino hasta la médula.

Europa Press

La catedral de Notre-Dame de París reabrirá el 7 de diciembre con una ceremonia oficial y una misa tras el incendio de 2019

El 15 de noviembre, dos días después de la petición de la Fiscalía, Le Pen reaccionó contra una requisitoria “profundamente ultrajante que reclama condenas que supondrían la muerte política con ejecución inmediata”.

Además, se quejaba, no sin algo de razón, porque el líder centrista, François Bayrou, juzgado previamente en otro proceso similar fue absuelto aunque la fiscalía ha recurrido. Bayrou, apunten ese nombre. Es el favorito de las quinielas para ser nombrado por Macron como nuevo primer ministro en sustitución de Barnier, derribado ayer por la moción de censura, la primera desde… 1962, cuando Georges Pompidou, primer ministro de De Gaulle, sufrió la misma suerte. Son los dos únicos casos en los 66 años de vida de la V República.

Por eso algunos ven en la destitución de Barnier más que una crisis de gobierno, una crisis de régimen. Los insumisos de Mélenchon reclaman ya mismo la dimisión de Macron. Le Pen, más sutilmente, también. Ambos extremistas tienen prisa. Mélenchon, porque siempre ha sido un político con urgencias, y más ahora que supera los 70 años. Le Pen porque, si Macron se fuera ya mismo, podría presentarse y, como su aliado Donald Trump, alcanzar el poder, que paraliza la acción de la Justicia.

Por eso Le Pen votó a favor de la moción de censura cuyo texto, atribuido a Mélenchon aunque no es diputado, acusa a Barnier de haber cedido a los “bajos instintos” de la extrema derecha.

El tiempo dirá quien tiene razón. Pero Macron, elegido por sufragio universal, ha dicho que no piensa dimitir. Y, desde el Elíseo, se filtra que quizá designe rápidamente al nuevo primer ministro. A tiempo de recibir a Trump y medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, para la reapertura solemne de Notre Dame, este sábado.