El Gobierno de Sánchez vuelve a quedarse aislado en la Unión Europea en su defensa de una visión "positiva" de la migración

La soledad total del Gobierno de Sánchez en materia migratoria en la UE ha vuelto a quedar al descubierto en la reunión de ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete que concluye este viernes. Un encuentro en el que España ha reiterado su oposición a crear centros de repatriación de migrantes fuera de la UE, frente al apoyo creciente que suscita esta solución entre los Estados miembros o de la propia presidenta Ursula von der Leyen.

"Saben perfectamente que la política migratoria de España es evidentemente otra. Y trabajamos siempre poniendo en el centro los derechos humanos y con un respeto máximo de la legislación internacional", ha dicho en Bruselas la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "Cada vez que ha habido algún intento de esas soluciones innovadoras que restringan derechos, desde luego ha recibido un tirón de orejas por parte de la legislación internacional", sostiene Saiz.

Eduardo Parra Europa Press

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En contraste, "la mayoría de ministros de la UE han señalado su apertura a explorar estas soluciones innovadoras", según han explicado fuentes europeas. "Soluciones innovadoras" es el eufemismo que se utiliza en Bruselas para referirse a estos centros de retención de migrantes, cuyo modelo es el acuerdo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha suscrito con Albania. La discusión se retomará a partir de enero bajo presidencia polaca del Consejo.

Los ministros del Interior han discutido además qué hacer con los ciudadanos sirios acogidos en Europa tras la caída de la dictadura de Bashar Al Asad. También en esta cuestión, el Gobierno de Sánchez está en minoría en la UE. Mientras que hasta 15 Estados miembros (entre los que están Italia, Francia o Alemania) se han apresurado a suspender el examen de las solicitudes de asilo presentadas por sirios y otros como Austria preparan ya planes de repatriación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apela a la prudencia.

"En este momento, hay que ser absolutamente cauteloso y no tomar ninguna medida que puedan menoscabar el derecho al asilo y al refugio de los ciudadanos sirios. Yo creo que estamos en una situación muy temprana y con unas posibilidades que no aconsejan tomar ninguna medida que pueda limitar ese derecho tan importante como es el derecho a la protección internacional", ha alegado Grande-Marlaska.

En la discusión a puerta cerrada en Bruselas, la conclusión general que se ha alcanzado es que la situación en Siria es muy "volátil y cambiante", por lo que no se pueden tomar "decisiones precipitadas" por lo que se refiere a las repatriaciones, según las fuentes consultadas.

"En cuanto a los retornos, varios Estados miembros han visto celebraciones entre la diáspora siria y para mi eso significa que hay que poner el foco en los retornos voluntarios como primer paso. Esto puede ser atractivo para muchos sirios. Por el momento, yo diría que los retornos forzados no son posibles", ha dicho el nuevo comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner.

"Tenemos que ser contundentes contra cualquier mensaje que hable de xenofobia. No se trata solamente de no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Eso es a lo que apelo: a la responsabilidad y afrontar este desafío compartido de una manera positiva", ha insistido la ministra de Incusión. Para Saiz, la inmigración "tiene mucho que ver" en que España esté en una posición de liderazgo en rankings como el elaborado por la revista The Economist.

El aislamiento -esta vez absoluto- del Gobierno de Sánchez en Bruselas cuando se habla de cuestiones migratorias volverá a repetirse este viernes durante el debate de la nueva directiva para endurecer las penas contra los traficantes de migrantes. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, es el único entre los Veintisiete que votará en contra de esta norma porque se ha diluido la "excepción humanitaria", que permite a los Estados miembros no castigar a personas y ONGs que ayuden a los migrantes irregulares por motivos humanitarios.

La directiva vigente, que data de 2002, obliga a tipificar como delito facilitar que un inmigrante entre, transite o permanezca de forma ilícita en la Unión. Al mismo tiempo, deja libertad a los Estados miembros para no imponer sanciones penales en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a los inmigrantes. 

El Gobierno de Sánchez ha defendido a capa y espada que esta 'cláusula humanitaria' se mantenga también en la nueva directiva, pero una gran mayoría de Estados miembros se opone. La solución de compromiso de la presidencia húngara ha sido relegarla del articulado de la norma al preámbulo. Pero este apaño no satisface a España por motivos técnicos pero sobre todo políticos, ya que envía un "mensaje preocupante" por ejemplo a las ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo.

España ya tiene esta 'cláusula humanitaria' en el Código Penal y la Comisión Europea le ha dado garantías de que no le abrirá un procedimiento de infracción por este motivo. Aún así, el ministro Bolaños tiene previsto votar en contra de la directiva para dejar claro su rechazo. Lo hará en solitario porque el resto de países darán su visto bueno a la reforma, según han adelantado fuentes europeas.