John Prescott (i) y Tony Blair (d) en una imagen de archivo en junio de 2007.
Tony Blair ofreció a Tanzania financiar un centro para albergar a los solicitantes de asilo similar al de Meloni en Albania
- El Archivo Nacional del Reino Unido publica documentos confidenciales del gobierno laborista en 2004 donde se reflejan las advertencias de varios ministros que alertaban de que abrir las puertas a trabajadores extranjeros desembocaría en un mayor euroescepticismo
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El gobierno laborista de Tony Blair estudió en 2004 un plan para deportar a los solicitantes de asilo similar al del exprimer ministro conservador, Rishi Sunak, y al de la primera ministra italiana, Georgia Meloni.
Blair, frustrado por sus fallidos intentos a la hora de frenar la migración, ofreció a Tanzania financiar la apertura de un centro para albergar a los solicitantes de asilo. Aunque la medida no se concretó, la propuesta es similar al controvertido plan de Sunak en Ruanda y de Meloni en Albania.
Así lo revelan los documentos de 2004 desclasificados y publicados en el Archivo Nacional del Reino Unido, ya que, por ley, el Gobierno británico ha de hacer públicos los documentos confidenciales cuando transcurren 20 años.
Los documentos reflejan que el gobierno laborista planeaba crear un plan para financiar con 2 millones de libras para prevenir "conflictos en África".
El plan, no obstante, contenía una cláusula controvertida: Londres ofrecería a Tanzania una ayuda adicional de 4 millones de libras a cambio de que el país africano abriese un centro para albergar a los solicitantes de asilo que llegaban a Reino Unido alegando ser refugiados somalíes.
Los archivos prueban que el entonces ministro de Desarrollo Internacional, Hilary Benn, escribió a Interior que el acuerdo migratorio con Tanzania "estaba en marcha".
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Aunque el plan no llegó a ejecutarse, la información revelada veinte años después ha causado revuelo por su similitud con el polémico plan de Rishi Sunak en Ruanda o el de Georgia Meloni en Albania.
Sunak lo apostó todo en las pasadas elecciones por su plan de deportación de solicitantes de asilo y migrantes irregulares de Reino Unido a Ruanda.
El proyecto, iniciado por Boris Johnson en 2022, no consiguió frenar la migración y además se vio frenado por la justicia británica y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo consideró ilegal e incluso impidió que despegase el primer avión con destino al país africano.
La posterior victoria del actual primer ministro Keir Starmer puso fin al plan, mientras los documentos revelados reflejan la postura de su compañero de partido y predecesor laborista en Downing Street.
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, trató de emular el plan de Sunak tras acordar con Albania la construcción de una serie de centros a los que deportar a los inmigrantes rescatados en el mar.
La idea llegó a ser estudiada y aplaudida por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, pero el Tribunal de Roma puso freno el plan temporalmente. En octubre del año pasado, el proyecto de Meloni echó a andar con los primeros barcos rumbo a Albania.
Los consejeros favorables a una línea dura en materia migratoria reconocieron entonces que el Tribunal de los Derechos Humanos tumbaría las medidas al considerarlas ilegales, pero sostenían que durante los "dos o tres años que durase el caso", se podría "mandar un mensaje claro sobre la nueva postura de Londres" para frenar la migración.
Las cifras demuestran que ni los gobiernos laboristas ni los conservadores han conseguido variar el número de solicitudes de asilo anuales: si en 2002 se registraban 84.132 solicitudes, en 2022, hubo 81.130.
Advertencias sobre el euroescepticismo
Los documentos también revelan que algunos de los ministros más importantes advirtieron a Blair de que aceptar el libre movimiento de trabajadores extranjeros provenientes de Europa del este podría derivar en un mayor euroescepticismo o en una restricción de los permisos de trabajo similar al actual sistema de puntos para extranjeros establecido tras el Brexit.
La gran ampliación de la UE en 2004 dio entrada a 74 millones de ciudadanos de diez países que, de pronto, podían emigrar por Europa en busca de mejores oportunidades.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, y el viceprimer ministro, John Prescott, advirtieron a Blair de que autorizar la entrada de trabajadores provenientes de estos países podría tener riesgos para el Reino Unido.
Los hasta entonces 15 países miembros podían exigir un permiso de trabajo para extranjeros durante, al menos, siete años, antes de incorporar a los nuevos estados al sistema comunitario de libre tránsito de trabajadores. Diez de los quince —entre ellos, Alemania o Francia— así lo hicieron.
Los documentos reflejan que el consejo de Straw y Prescott era que Reino Unido debía seguir la senda de Berlín o París.
“Si no pensamos esto ahora, el Gobierno puede acabar viéndose obligado a suspender más adelante el derecho a trabajar en el Reino Unido para los nuevos ciudadanos comunitarios. Podemos acabar haciendo frente a una situación difícil si esto sale mal”, advirtió el ministro a Blair en uno de los documentos.
Entonces, Londres estimó que la llegada de nuevos trabajadores estaría entre los diez y los trece mil, una cifra que, según Downing Street, no tendría impacto.
Sin embargo, en 2005, un año después de la decisión, la cifra de llegadas rozó los 100.000, mientras que en 2014, dos años antes de la consulta del Brexit, el número anual de comunitarios que llegaban a Reino Unido alcanzó los 142.000.
Establecer una relación de causa y consecuencia entre este fallo de cálculo por parte de Blair y el creciente euroescepticismo que desencadenó en el Brexit es arriesgado y reduccionista.
La llegada de estos trabajadores permitió al Reino Unido crecer económicamente con trabajadores cualificados que, además, encontraron en el país británico una salvación para la maltrecha economía de sus países —como es el caso de España— en los años posteriores a la crisis de 2008.
Sin embargo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, ha reconocido que la decisión del gobierno de Blair fue un punto de inflexión en una entrevista en el Financial Times a raíz de la publicación de los documentos.
"Si hubieramos impuestos las restricciones, en perspectiva, quizás las cosas hubieran cambiado, aunque es imposible decir si se hubiera repetido el resultado del referéndum de 2016", afirma.
El diario británico The Guardian dedicó el pasado jueves un editorial a este asunto. El artículo carga duramente contra el gobierno de Blair por sus divisiones internas en esta materia.
"La migración ya era un tema político importante entonces y el gobierno se equivocó en cifras importantes. A pesar de los beneficios, las llegadas empujaron a los políticos a hacer promesas populistas, movieron la opinión pública hacia el voto a favor del Brexit y alimentaron el auge de partidos populistas como Reform UK. Las implicaciones de este error son tan actuales hoy como lo fueron hace 20 años", concluye.
