La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha dado luz verde a una investigación en Palestina después de que los jueces confirmasen en febrero que el tribunal tiene jurisdicción para juzgar supuestos crímenes de guerra presuntamente perpetrados por todas las partes en conflicto en los territorios ocupados por Israel.
"La investigación abarcará delitos de la competencia de la Corte que presuntamente se han cometido desde el 13 de junio de 2014", dijo la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en un comunicado.
Las pesquisas abarcarán supuestos crímenes de guerra cometidos tanto por las Fuerzas Armadas Israelíes como por Hamás y otros grupos armados palestinos, en ambos casos por ataques contra la población civil.
Según un reciente informe de la Fiscalía de la CPI, el Ejército de Israel ha cometido algunos de los delitos que van a ser investigados en relación "con el traslado de civiles israelíes" a Cisjordania.
Otro de los actos que se nombra en el documento son las grandes Marchas del Retorno sucedidas en la Franja de Gaza a principios de marzo de 2018.
En esas fechas, las fuerzas israelíes utilizaron "medios no letales y letales" contra los palestinos, que tuvieron como consecuencia "la muerte de más de 200 personas, incluidos más de 40 niños, y miles de heridos", se dice en el informe de la Fiscalía.
En el interés de la oficina dirigida por Bensouda también está el lanzamiento de misiles desde Gaza hacia Israel. La Fiscalía recoge los ataques por parte de grupos armados palestinos con "cientos de cohetes y granadas de mortero" entre el 4 y el 6 de mayo de 2019 que "mataron al menos a cuatro civiles e hirieron a más de cien".
El documento refleja además la respuesta de Israel, más de 100 ataques a objetivos de toda Gaza, supuestamente contra miembros de grupos armados palestinos, pero que también causaron "varias víctimas civiles, incluido menores".
Bensouda ha señalado que las prioridades en la investigación "se determinarán a su debido tiempo", debido a "los desafíos operativos que enfrentamos debido a la pandemia, los recursos limitados que tenemos disponibles para nosotros y nuestra gran carga de trabajo actual".
Se dirigió directamente a víctimas israelíes y palestinas, a las que les pidió "paciencia" porque "la CPI no es una panacea", sino que "centra su atención en los presuntos infractores más notorios".
Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional iniciase una investigación.
Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, y se ha opuesto en todo momento al inicio de las pesquisas.
Israel lo tacha de "escandaloso"
En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que el tribunal no debería iniciar una investigación en Palestina porque no tendría que ser considerada un Estado Parte de la CPI.
No obstante, en una decisión dada a conocer el pasado 5 de febrero, los jueces dijeron que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma -la carta fundacional de la CPI- siguió el procedimiento correcto y ordinario", lo que allanó el camino a la investigación anunciada por la Fiscalía.
El presidente israelí, Reuvén Rivlin, tachó de "escandalosa" la investigación anunciada este miércoles por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de guerra que implican a Israel y a milicias palestinas.
Rivlin aseguró que las autoridades israelíes se mantendrán "en guardia" para asegurar que sus soldados "no se vean perjudicados" por los pasos tomados por la CPI.
El ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, consideró que la apertura de pesquisas "es un acto de quiebra moral y legal" que forma parte de "una decisión política" por parte de la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, a la que acusó de intentar "marcar prioridades a su sucesor" durante el "final de su mandato".
La Fiscalía de la CPI ha dado luz verde a una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos desde 2014, después de que los jueces confirmasen el pasado febrero que el tribunal tiene jurisdicción en los territorios ocupados por Israel, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.