Agencias

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves que el traspaso de las competencias exclusivas de Tráfico a la Comunidad foral será efectivo el próximo 1 de julio, tal y como acordó el Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu. 

Según el texto con el que el Ejecutivo y Bildu formalizaron su pacto para los Presupuestos Generales del Estado de 2023, las competencias en la materia de tráfico serían transferidas al Gobierno foral antes del próximo 31 de marzo. Finalmente, y tal y como ha anunciado Chivite, la transferencia se producirá el 1 de julio.

Chivite, quien ha hecho el anuncio a los medios de comunicación a su llegada al pleno que este jueves ha celebrado el Parlamento Foral, ha afirmado que es "un gran día para Navarra".

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Tras conocerse la fecha, EH Bildu ha celebrado el anuncio de Chivite como "una muy buena noticia" que "refuerza el autogobierno", ha aplaudido Bel Pozueta, diputada de la izquierda abertzale en el Congreso de los Diputados. "Ponemos en valor que la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra se materialice, tal y como el Gobierno de Navarra acordó con EH Bildu", ha celebrado Laura Aznal, parlamentaria foral de Bildu y candidata por esta formación a la presidencia de Navarra el próximo 28 de mayo. 

El acuerdo ha sido celebrado como una "muy buena noticia" por la portavoz parlamentaria y candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal. La representante de la izquierda abertzale en Navarra ha destacado que con este anuncio "se cumple en los tiempos establecidos", en referencia a los compromisos adquiridos con la formación de Arnaldo Otegi por el presidente Sánchez.

"Gran día para Navarra"

Se trata de "una reivindicación histórica de esta comunidad", ha asegurado la presidenta navarra, quien ha recordado que gobiernos anteriores como los de Miguel Sanz (UPN) o Uxue Barkos (Geroa Bai) también trabajaron para hacer efectivo este traspaso de competencias.

"Todos los presidentes hemos reivindicado esta transferencia para nuestra comunidad, todos los gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra y hacerlo además desde la prestación exclusiva por parte de la comunidad a través de su Policía Foral", ha destacado.

Chivite, quien ha resaltado que "hoy es un gran día para Navarra y para el fortalecimiento de nuestro autogobierno, para el desarrollo de la Lorafna dentro del marco constitucional", ha puesto de relieve que ésta es "sin duda la legislatura que más ha avanzado en autogobierno desde hace más de 25 años".

El traspaso de competencias, ha informado, será efectivo a partir del 1 de julio de 2023 y en ese momento se abrirá un "periodo transitorio" para ir incorporando a la Policía Foral los 149 nuevos agentes que necesita el servicio y organizar además todo el trabajo relativo a seguridad vial.

En ese sentido, ha subrayado, se abrirá una "pasarela" para que los guardias civiles de tráfico que quieran incorporarse a la Policía Foral puedan hacerlo, como se contempla en la Ley Foral de Policías de 2018.

Chivite no ha querido dar más datos al respecto "por respeto al procedimiento que se activa a partir de ahora y a los grupos parlamentarios a los que tenemos que informar de manera detallada de este preacuerdo".

El Gobierno foral ha convocado ya para el 14 de marzo a la parte navarra de la Junta de Transferencias y a partir de ahí se cerrará una fecha para la reunión de la Junta de Transferencias con el Estado.

La presidenta ha mostrado su agradecimiento "a todas las personas, que no han sido pocas, que han estado trabajando estos años con intensidad, con dedicación y siempre con voluntad política de llegar a un acuerdo" y ha aseverado que éste es "un ejemplo más de acuerdos fructíferos cuando se trabaja con voluntad, con lealtad y con diálogo".

Todos los partidos con representación parlamentaria han mostrado su apoyo al traspaso de la competencia de tráfico a Navarra y han celebrado, en el caso de UPN con críticas por las formas, el anuncio de que será efectiva a partir del 1 de julio, salvo PP y Ciudadanos que se han posicionado en contra.