El PNV pacta con Sánchez modificar el '155 digital' y da alas a la 'República digital catalana'

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acelera en las negociaciones para lograr su investidura. Antes de su encuentro con Pablo Iglesias, Sánchez ha llegado a un acuerdo con el PNV para que el partido vasco dé el respaldo necesario a su candidatura. 

El acuerdo entre PSOE y PNV ha cristalizado en un pacto con 12 puntos centrado el último de ellos en dar marcha atrás al Real Decreto-ley 14/2019 que Sánchez sacó adelante el pasado noviembre para frenar una posible república digital catalana, que cogía fuerza tras los altercados de Barcelona. El conocido como 'decretazo digital' era la herramienta del Gobierno para evitar una Administración digital catalana alternativa y que encontró el rechazo de todos los grupos nacionalistas. Una especie de '155 digital' para frenar a organizaciones independentista como la app de Tsunami Democràtic.

En concreto, el PNV exige al Gobierno "modificar, con el acuerdo de EAJ-PNV, el contenido de los conocidos como decretos digitales de manera que sean resueltas las discrepancias sobre los mismos manifestadas en el ámbito parlamentario". Fueron PNV, ERC, EH Bildu y Vox los que se opusieron a la aprobación de este texto que da competencias excepcionales al Gobierno para intervenir las comunicaciones digitales.

Intervención de las redes

El texto aprobado en noviembre modificaba la Ley General de Telecomunicaciones, en la que se añadían más casos en los que el Gobierno podría cerrar páginas web y bloquear servidores sin necesidad de una orden judicial.

En concreto, en el punto IV se establecía que "el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".

Asimismo, el Gobierno estableció la necesidad de conocer dónde están los servidores argumentando el interés de la seguridad nacional. "Conocer la ubicación de los servidores en los que se alojarán los datos que ceda la Administración con motivo de la ejecución de un contrato público, desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos y asegurar el sometimiento de la ejecución de ese contrato a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos".

El PNV entendía que estas exigencias y medidas eran desmesuradas por parte de Sánchez por lo que se opuso a ellas. El principal argumento que el diputado Mikel Legarda esgrimió entonces era que el texto "solo compromete la seguridad nacional con la intervención de las administraciones públicas autonómicas y no en otros supuestos o intereses (...) . Nos sorprende que un decreto-ley considere que la mayor amenaza para la seguridad nacional son las administraciones cuando usan unas determinadas tecnologías o ubican unos determinados sistemas y que cuando sucede eso mismo en empresas no se pongan ningún impedimento".

En línea con lo que pide ERC

Este decreto de restricción digital también era uno de los grandes puntos que separaban a ERC y PSOE en las negociaciones para alcanzar un acuerdo por la investidura. 

En concreto, el vicepresident del Govern de Cataluña, Pere Aragonès, apuntó a que si se daba marcha atrás al decreto digital se podrían acercar las posturas con Sánchez. "Todo lo que acerque a una solución acordada, política y democrática nos acerca al acuerdo, todo lo que aleja de allí lo hará difícil", insistió en tras las pasadas elecciones.