La crisis del coronavirus ha cambiado nuestra vida. No solo nuestras relaciones personales, sino la forma en la que nos movemos o hacemos negocios. Todo ha tendido a lo digital y hacia la búsqueda de la seguridad y la eficiencia. Esta situación ha puesto sobre la mesa más que nunca la urgente necesidad que tienen nuestros gobiernos y nuestras empresas de digitalizarse y de actualizar la legislación de viejos modelos caducos. Es el caso del sector de la movilidad, que no está debidamente adaptado a las posibilidades que hoy ofrece la tecnología, especialmente en lo que a conducción autónoma se refiere.
Las empresas de logística y de transportes, por ejemplo, han sufrido importantes problemas para poder abordar el enorme volumen de envíos generados por el impulso que han tenido las compras en Internet en estos meses, como la ampliación de plantillas, adopción de herramientas digitales nuevas o incorporación de medidas de seguridad extraordinarias. La movilidad autónoma aplicada a los envíos solucionaría todos estos problemas y ya hay tecnología real que lo permite. Otros países, como Estados Unidos, Colombia o China, ya han comenzado a realizar prueba y en Europa corremos el riesgo de quedarnos, de nuevo, atrás.
Por su parte, la conducción autónoma aplicada a la movilidad de las personas también ofrece multitud de ventajas que podrían ayudar a hacer de nuestras ciudades espacios más sostenibles, amables y accesibles en cuanto a la movilidad. Ya era así antes de la crisis y ahora la crisis ha sacado a la luz la urgencia de su implantación. Los coches autónomos permitirían hacer un uso más eficiente de calles y carreteras mediante la analítica de datos y la geolocalización. Además, estos vehículos tienen el potencial de sufrir muchos menos accidentes y cobrarse menos víctimas (según la DGT, alrededor de un 90% de los siniestros son causados por errores humanos).
Este tipo de transporte sin necesidad de conductor se complementaría con otros ya existentes a la hora de trasladar pasajeros, como el transporte público tradicional, por lo que también ayudaría a mejorar las conexiones entre diferentes puntos de las ciudades. Todo ello con la ventaja de que una adopción masiva de flotas de coches compartidos y autónomos estarían reduciendo drásticamente el uso del coche privado. Seis personas en un mismo coche compartido significarán cinco coches privados menos en las calles.
Una adopción masiva de flotas de coches compartidos y autónomos estarían reduciendo drásticamente el uso del coche privado.
Por supuesto, a los beneficios de la conducción autónoma y compartida se sumaría el necesario uso de tecnología eléctrica de cero emisiones (la circulación de 330 millones de coches eléctricos reduciría el consumo de barriles de petróleo en cuatro millones cada día).
En este sentido, el Gobierno de España acaba de anunciar medidas para potenciar la renovación de las flotas de vehículos en España, con un plan renove que incluye la financiación de hasta 4.000 euros para aquellos que cambien su coche contaminante por uno eléctrico. Sin embargo, en este necesario plan de reactivación económica, se queda fuera una vez más la urgente necesidad de avanzar en el resto de posibilidades que ofrece hoy la tecnología aplicada al mundo de la movilidad.
Lo primero y lo más importante es que España comience a trabajar cuanto antes en la creación de un marco regulatorio.
Lo primero y lo más importante es que España comience a trabajar cuanto antes en la creación de un marco regulatorio del mercado de los coches autónomos para poder avanzar en el impulso de esta alternativa en torno a la movilidad. A través de un sistema de licencias nacionales, diferentes flotas de vehículos autónomos podrían comenzar a circular por todo el país cumpliendo funciones de reparto de paquetería o traslado de pasajeros, entre otros. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe contemplar ya esta posibilidad y lanzar un concurso para elegir operadores de flotas de coches autónomos en España que, como ocurrió en el pasado con el mercado de las telecomunicaciones, desarrollen esta tecnología en nuestro país para que desde ya mismo podamos ser competitivos y no sucumbir a actores internacionales que se coman el mercado cuando lleguen.
Si ya estaba claro que la movilidad en las ciudades debía reinventarse, ahora tenemos aún más los datos que lo apoyan. No podemos permitirnos haber experimentado lo que es reducir el número de coches contaminantes de las ciudades y arriesgarnos a que la situación después de la crisis del coronavirus sea, incluso, peor. Tampoco podemos permitirnos no ser nosotros mismos, como país, quienes gestionemos y desarrollemos una tecnología que tiene un futuro brillante. Otros países ya lo están haciendo. Francia, sin ir más lejos, ya está redactando una ley (la loi d'orientation des mobilités o LOM) para regular precisamente este escenario y estará lista entre este año y 2021. ¿Qué más necesita España para ponerse manos a la obra?
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Martin Varsavsky es fundador de Jazztel, Overture Life y Goggo Network