La tecnología se ha convertido en un recurso diario de millones de personas y los móviles, en la cartera donde los ciudadanos guardan sus conversaciones y fotografías más personales. Esta dependencia supone que a veces, la privacidad personal y la seguridad colectiva choquen. En España y Europa, por ejemplo, el debate está en el uso del cifrado de aplicaciones de mensajería. Mientras que, en Estados Unidos el debate ha también se sitúa en la frontera, como los aeropuertos. 

Si se viaja a Estados Unidos, dependiendo del destino, es posible que los agentes de aduanas examinen el teléfono móvil. Un demoledor reportaje de The Washington Post llamó la atención hace años sobre esta práctica. Nueva York es ahora la excepción, donde una nueva sentencia exige a los agentes de la frontera a contar con una orden judicial. 

Un juez federal de Nueva York ha dictaminado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no puede revisar los teléfonos de los viajeros sin una orden judicial.  Al tratarse de una sentencia de la corte federal de Nueva York, solo se aplica en su distrito este, pero afecta tanto a fronteras terrestres, puertos marítimos y aeropuertos. Esto supone que en el Aeropuerto John F. Kennedy en Queens, el sexto aeropuerto más transitado del país, no se podrá revisar el smartphone de los viajeros sin una orden judicial.

La ley que permite este registro ha sido criticada por invadir la privacidad de los ciudadanos y poner en riesgo la libertad de prensa. La última sentencia surge de una caso relacionado con el abuso sexual infantil. Pero, al margen del caso, la jueza alude en su escrito a la libertad de presa. En su sentencia, indica que tanto los periodistas, como "los objetivos de la oposición política (o sus conocidos, amigos o familiares) sólo tendrían que pasar una vez por un aeropuerto internacional para que el gobierno tuviera acceso sin restricciones a la ‘ventana más íntima de la vida de una persona'".

En los últimos meses, el examen fronterizo de estos dispositivos ha sido de nuevo motivo de un mayor escrutinio. Un grupo bipartidista de senadores envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando información sobre qué datos conserva el gobierno de estas búsquedas y cómo se utilizan dichos datos.

Esta sentencia surge de un caso penal mediático contra Kurbonali Sultanov, un ciudadano estadounidense naturalizado de Uzbekistán. Su nombre activó una alerta en el Sistema de Comunicaciones de Cumplimiento del Tesoro como posible comprador o poseedor de material de abuso sexual infantil. Por este motivo, los agentes le ordenaron entregar su teléfono y desbloquearlo, antes de ser interrogado.

Los investigadores del gobierno obtuvieron una orden judicial posterior para examinar el teléfono y otro que el investigado llevaba encima a su entrada al país. Sin embargo, durante su juicio penal, la defensa presentó una moción para suprimir la evidencia que se había obtenido de sus teléfonos, argumentando que la revisión inicial de su teléfono era ilegal según la Cuarta Enmienda. 

Aunque la segunda revisión se realizó de forma legal, teniendo la orden judicial, la jueza Nina R. Morrison, del Distrito Este de Nueva York, falló a favor de Sultanov basándose en la Cuarta Enmienda, al considerar que la búsqueda inicial de su teléfono era inconstitucional.