Apple sigue sufriendo las consecuencias de sus decisiones al perjudicar el rendimiento de los iPhone con batería en mal estado; y es en Francia donde puede sufrir más.

Fue en Francia donde a finales de 2017 se admitieron acciones legales de la organizacion de consumidores HOP (“Halte à l’obsolescence”, Alto a la Obsolescencia); la investigación contra Apple por obsolescencia programada finalmente ha dado comienzo, y la compañía podrá sufrir repercusiones.

La investigación contra Apple por obsolescencia programada da comienzo

Un fiscal francés inició el pasado viernes una investigación preliminar sobre supuestos engaños y obsolescencia programada en sus productos. En concreto, el fiscal investigará si Apple empeoró el rendimiento de los iPhone viejos para engañar a sus usuarios y empujarles a comprar los nuevos modelos; una práctica que hasta ahora era un rumor compartido por la red.

Un rumor que ha cobrado mucha fuerza después de que la propia Apple admitiese que iOS está programado para reducir el rendimiento del procesador; aunque sólo si detecta que la batería ha perdido capacidad. La lógica es que si el procesador funciona a pleno rendimiento y la batería está en mal estado, el smartphone puede quedarse bloqueado o incluso apagarse.

La investigación está dirigida por la DGCCRF, la dirección de defensa del consumidor y contra el fraude, que depende del ministerio de Economía francés.

Qué consecuencias podría tener para Apple

Aún podrían pasar meses hasta que el fiscal llegue a conclusiones claras. E incluso entonces, el caso podría simplemente abandonarse. Si la investigación concluye que Apple podría tener algo de culpa, el caso se pasará a un juez que iniciará una investigación más a fondo.

Seguramente Apple intentará defenderse con la bajada de precio de las baterías, para demostrar que su intención no era perjudicar a los usuarios ni reducir la vida útil de sus productos.

Si entonces el juez decide que Apple redujo la vida útil de sus dispositivos con el objetivo de fomentar sus ventas, la compañía se enfrentaría a multas de hasta el 5% de los ingresos anuales, además de penas de cárcel para ejecutivos.