Mal vamos si las tecnológicas tienen que trolear al gobierno para funcionar

Hoy nos hemos encontrado con un hecho la mar de curioso: Cabify ha conseguido trolear al gobierno de Cataluña de tal forma que ha vuelto a poder operar en la zona tras la prohibición por todo el asunto de las VTC. Y nos referimos a estos términos precisamente por eso; el que Cabify haya conseguido esto muestra un paradigma que se ha estado formando desde hace tiempo y no es nada halagüeño.

Ahora Cabify ha vuelto a Cataluña con ganas de guerra, y mostrando que como sociedad vamos a ir fatal si las tecnológicas tienen que trolear a nuestros gobiernos para que puedan funcionar. Porque sí: por mucho que Cabify guste más o menos, las tecnológicas lo tienen muy mal para evolucionar en contra de los gobiernos. Y el sistema que propone la firma no es ni más ni menos que una nueva alternativa de transporte.

Cabify vuelve a Cataluña y consigue de paso trolear al gobierno

Cabify

Tal y como cuentan en El Español, la estrategia de Cabify ha sido muy simple: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Cabify había sido prácticamente expulsada de Barcelona por un decreto del Govern que limitaba su actividad ante todo el conflicto en referencia a las VTC y el taxi. La Generalitat de Cataluña impuso, entre otras normas, que los servicios de transporte concertado de viajeros (VTC), servicio en el que se enmarca la firma, se precontraten al menos con 15 minutos de antelación para diferenciar esta actividad de la del taxi.

¿Cómo ha conseguido entonces Cabify burlar este decreto? Fácil. En la app de Cabify se ha mostrado una actualización de los términos y condiciones del servicio que incluye un contrato con “una duración de un año, prorrogable tácitamente por períodos anuales”. Este contrato que se podrá interrumpir en cualquier momento por el usuario desde la misma app se realizará con la empresa que pone los coches, Prestige&Limousine.

La clave en este cambio es que Cabify sigue actuando como intermediaria entre el usuario y los coches de VTC y a la vez cumple con la ya mencionada reserva de 15 minutos que la Generalitat de Cataluña exige. Esto último es debido a que el contrato con Prestige&Limousine será un contrato permanente entre la VTC y el cliente por el carácter prorrogable en períodos anuales.

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Por lo tanto, estas condiciones se aplican al decreto del Govern y se cumplen ofreciendo el contrato previo con el cliente. Además, se asegura de que la posibilidad de que la reserva anticipada pueda ser superior a los quince minutos no ocurra. Y hay más.

Otro de los puntos del decreto es la geolocalización limitada que obliga a desconectarla. Pero este contrato permite que los usuarios sepan en todo momento dónde están sus coches, por lo que burla completamente este punto. Siendo pragmáticos, Cabify ha pasado de ser una agencia de viajes a ser un servicio que ofrece el alquiler de vehículos con conductor. Un troleo en toda regla que permitirá a la firma volver a Barcelona con 300 coches este jueves.

Que una empresa tecnológica tenga que trolear a un gobierno para funcionar…

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Lo grave del asunto no es tanto que Cabify como tal haya vuelto a Barcelona, sino la manera de hacerlo. El Govern de Cataluña resolvió el conflicto de los taxis y las VTC limitando a las segundas de tal forma que prácticamente les retiraba el alma. El problema es que dicha legislación se hizo de forma tan ineficaz que le ha bastado una triquiñuela legal a una de estas empresas para volver.

Podrá gustarnos más o menos Cabify como tal, pero su concepto no es en absoluto disparatado: es ofrecer una alternativa al concepto del taxi, transporte entre particulares o en su defecto una evolución de esta idea que lleva con nosotros muchos años. Es una empresa que ofrece lo mismo que un Taxi pero con el aliciente privado y personal que esta clase de servicios ofreecen.

Pero es que no es el único caso. Todos recordamos la fallida Ley Sinde que desembocó en la huida de Google News de España. Este servicio tuvo sus devenires con la legislación, y acabó más pronto que tarde yéndose de nuestra tierra.

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Los gobiernos son tremendamente reacios a cambiar de golpe y porrazo cosas de su legislación para adaptarlas a las nuevas tecnologías. O en su defecto, poderes como los económicos no quieren que estas les quiten el beneficio que consiguen, por lo que los gobiernos son presionados constantemente para que hagan caso a estas peticiones, y esto no sólo muestra la negligencia de estos gobernantes a la hora de hacer leyes, sino que encima vemos sus prioridades que atentan contra el progreso tecnológico, vital en toda democracia sana que se precie.

Leyes ineficaces para enemigos invisibles

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El Artículo 13 es una buena muestra de ello. Este infame texto pretende cambiar las leyes de Internet tal y como están escritas, y aunque el fondo de su cuestión es absolutamente necesario, su implementación es nefasta. El nivel de “destrucción” que ocasionaría a la libertad de expresión esta ley nos enseña lo mal redactada y pensada que está.

Volviendo al caso de Cabify, las medidas para diferenciar al taxi y a las VTC en vez de darles ventajas mutuas a los dos intentan coartar a los segundos de mala manera. A Cabify le ha bastado con simplemente actualizar y formalizar un contrato con un par de cambios para saltarse una legislación completa cuyo único objetivo es contentar los designios de un colectivo sin escuchar al otro.

Y si nuestras empresas tecnológicas lo tienen tan crudo para poder avanzar con los gobiernos, estas están abocadas a desaparecer en las zonas de estos. La clase de servicios de Cabify genera ingresos y puestos de trabajo y por mucho que los taxistas tengan sus derechos y motivaciones absolutamente respetables, no pueden pretender obligar a sus consumidores a que elijan su servicio frente a uno más barato, más accesible y sobre todo con más ventajas.

Lo mismo pasa en otros géneros. Estas empresas de carácter tecnológico traen a nuestros país progreso tecnológico ya sea en trabajo, I+D, beneficios en otros campos derivados, etcétera. Que legislaciones mal hechas entorpezcan su paso o las espanten para otros países no beneficia ni a sus consumidores directos ni a sus potenciales inversores.

Si para que una empresa tecnológica pueda funcionar en nuestro país y simplemente pueda operar en pro de beneficiar a nivel tecnológico a un país o a una sociedad se tiene que enfrentar a gobiernos ultra conservadores a dicho progreso con legislaciones mal hechas y pronto, entonces como sociedad vamos a dejar mucho que desear. Y será en ese futuro incierto cuando veamos a otros países acoger a esas empresas que nosotros hemos echado cuando nos llevaremos las manos a la cabeza y nos preguntemos qué ha pasado.