El verano para muchos en España significa una palabra: Airbnb. La plataforma para alojarse en viviendas privadas se ha extendido por todo el país, no exenta de polémica. La más importante, quizás, es la que compete a las cámaras ocultas que los anfitriones suelen colocar sin comunicárselo a los huéspedes. Una investigación de la CNN expone cómo el problema tiene una profundidad para muchos desconocida.

La extensa investigación del portal ha puesto de manifiesto una cifra reveladora sobre el asunto. A través de su representante, Airbnb confirmó en una declaración que había generado al menos 35.000 tickets de atención al cliente sobre dispositivos de vigilancia. Es decir, de cámaras ocultas dentro de las viviendas de Airbnb. Lo reflejó debido a una orden judicial que obligaba a la firma a cuantificar las quejas y reportes de los usuarios afectados.

Un portavoz de Airbnb dio detalles adicionales al respecto. Este aseguró al mismo medio que una única denuncia podría llegar a generar varias multas, sin especificar cuántas reclamaciones únicas se habían sucedido. El reportaje también recoge testimonios desgarradores sobre usuarios que se vieron grabados sin su consentimiento.

35.000 afectados por cámaras ocultas

Estos 35.000 afectados involucran a usuarios grabados por dispositivos de vigilancia desde al menos el 1 de diciembre del año 2013. Entre los detalles arrojados por la portavoz en su testimonio (englobado en una declaración judicial celebrada a principios de 2023) se incluyen denuncias y multas que no incurren en delito; cámaras ubicadas en mirillas o tabletas abandonadas en mesas son buenos ejemplos.

La investigación recoge declaraciones provenientes de víctimas grabadas por cámaras ocultas en sus Airbnb y especifica cómo los supuestos esfuerzos corporativos de la empresa han estado más dedicadas a sortear la regulación del mercado de alquiler a corto plazo que a atender a su responsabilidad por velar por la seguridad y privacidad de sus usuarios.

Como muestra están las propias políticas de Airbnb, que eximen a la firma de responsabilidad en situaciones muy llamativas. Por ejemplo, Airbnb deja a los usuarios la responsabilidad de confiar en las verificaciones de antecedentes delictivos, pidiéndoles no confiar totalmente en estas verificaciones.

Incluso si la misma Airbnb descubre que un usuario en concreto tiene en su haber antecedentes penales, las condenas por delitos como asesinato, violación o terrorismo "no suponen automáticamente una exclusión en virtud de la política de la empresa". A esto hay que sumarle que la compañía no controla las propiedades en sí, y que no impone en ellas servicios de seguridad.

La empresa habría sido consciente de la problemática de las cámaras ocultas desde al menos 10 años, con antiguos empleados asegurando que en el pasado había muchos casos y que suponían un problema serio para Airbnb. Además, la investigación del a CNN saca a la luz los métodos de Airbnb para acallar en la medida de lo posible las quejas de los usuarios temerosos de haber sido grabados y evitar que lleguen a instancias penales.

Un ejemplo. En palabras de la CNN, Airbnb obliga a los usuarios que demandan haber sido grabados de forma ilegal hacer uso del llamado 'arbitraje', un proceso que impide que los casos concretos lleguen a alcanzar la opinión pública para llegar a un acuerdo. Una vez alcanzado este acuerdo, los demandantes firman acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar con medios de comunicación sobre estos casos.

La declaración judicial en la que también participó la propia Airbnb contó con la declaración de un empleado que habló sobre las miles de incidencias recogidas por la empresa sobre las cámaras ocultas en la última década. Aseguró que Airbnb, ante las quejas sobre cámaras ocultas, no avisaba a las autoridades, ni siquiera cuando el caso implicaba la presencia de un menor.

En esta situaciones, las cámaras ocultas colocadas adrede en dormitorios y baños recogen los momentos más íntimos y privados de los huéspedes, llegando incluso a grabarlos manteniendo relaciones sexuales. Víctimas de esta situación han contado cómo habían encontrado estos dispositivos o habían sido informados por las autoridades de haber sido grabados sin su consentimiento.  

La investigación también pone el ojo sobre la relación de Airbnb con los esfuerzos de entidades y profesionales legales y políticos para regular la situación. La diputada estadounidense Jan Schakowsky presentó un proyecto de ley en 2023 que buscaba imponer a plataformas como Airbnb más responsabilidad sobre lo que sucede en los alojamientos que incluye en su web.

La firma, al igual que hacen muchas otras empresas del sector de las grandes tecnológicas, se ha escudado en el uso de la llamada Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones del año 1996. Esta establece que ningún proveedor o usuario de un servicio informático será tratado como editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor.

Esencialmente, exime a las empresas de tecnología de ser consideradas responsables de lo que ocurre en sus plataformas. La ley que propone la diputada por Illinois pretende precisamente poner freno al uso de esta Sección 230 por parte de las empresas más grandes del sector, como serían Meta, X o Google. Una Sección a la que la propia Airbnb se habría acogido en este sentido.