El cuento de los 16.000 millones y sus consecuencias

Esta campaña catalana ha tenido varios candidatos haciendo literalmente el indio: “coleta morada”, alias Pablo Iglesias diciendo que “Pequeño Pujol” votaba con “gran jefe plasma” “amnistía fiscal”. Ésta era la respuesta al lenguaje “indio” de Àrtur Mas y su petición de “butifarra” al electorado, es decir corte de mangas. Como era previsible, el nivel de las declaraciones fue bajando, y por ejemplo, la “musa estelada” del separatismo, Karmele Marchante pidió que se “quemen los bancos” que ponían en cuestión la soberanía catalana. Nadie en su sano juicio se tomaría esto en serio. Lo peor es que algunos economistas cercanos a la lista de Mas sí han pretendido que se les tome en serio con el resultado fiscal de la secesión, los famosos 16.000 millones, con los que el más conocido de ellos Xavier Sala i Martín, seguía insistiendo en el diario El País hace unos días.

Los 16.000 millones de “expolio fiscal”,”déficit de la balazanza fiscal” o “dividendo fiscal de la Independencia” de Cataluña (llámenlo como prefieran) no son una falacia, sino varias falacias en una. En primer lugar, este importe está calculado para el año 2010, cuando hay datos posteriores. La incapacidad de encontrar datos de algunos está siendo sorprendente. Por ejemplo, los economistas secesionistas sistemáticamente se utilizan datos de la Seguridad Social de los años 1995-2011, como si fuesen los últimos disponibles. Pueden ver un par de ejemplos aquí y aquí.

Sorprendentemente, o no tanto, 2011 fue el último año bueno en las cuentas de la Seguridad Social, con un déficit del 0,1%, y los años 1999-2009 estas cuentas tuvieron, todos los años, superávit. Claro, a partir de aquí llegan afirmaciones “curiosas” como que en una Cataluña independiente se podrían incrementar las pensiones un 10%. Lo que no se incluye en las explicaciones es el plano de Ikea para montar la máquina del tiempo separatista (TM) y volver a 2007.

En segundo lugar, una balanza sirve para orientarnos pero no mide los efectos de las decisiones de ruptura. Por ejemplo, la balanza comercial de España con China es claramente deficitaria, es decir le vendemos a China mucho menos de lo que le compramos. Sin embargo, si prohibiésemos el comercio con China, España no sería más rica sino más pobre. Esto es algo parecido a lo que le ocurriría a Cataluña con la segura salida de la Unión Europea y del Euro; que no es algo que diga yo sino Merkel, Cameron, la Comisión Europea, y cualquiera que se haya leído los Tratados.

Incluso prescindiendo de todo esto, la mayor falacia es que la Generalitat dispondría de 16.000 millones de euros para gastar al día siguiente de la secesión. En primer término, sí que hay un superávit en el sistema de financiación, pero sólo ascendió en 2013 según datos recientes de la propia Generalitat a 1.688 millones de euros. Recordemos que el sistema de financiación absorbe el 54% de la recaudación de impuestos del Estado. Esto quiere decir que el Estado recaudó en Cataluña de esta parte de los impuestos 17.362 millones de euros, de los que 15.674 quedaron para financiar a la Generalitat. Para seguir, la Generalitat cerró el ejercicio 2014 con un déficit de 5.152 millones de euros, el triple de su superávit en el sistema de financiación.

A esto hay que añadirle el problema más grave: las pensiones. En Cataluña, la Seguridad Social recaudó por cotizaciones sociales en 2014 14.495 millones de euros. En cambio, el gasto en pensiones contributivas en Cataluña ascendió a 19.973 millones. Esto supone un déficit de 5.478 millones de euros, que supuestamente una Generalitat independiente debería cubrir con impuestos; por lo menos si quiere garantizar que los pensionistas siguen cobrando su pensión. Naturalmente, hay una solución, bueno dos, una es la ya comentada de la máquina del tiempo para volver a 2007.

La otra solución es más brillante, como corresponde al conseller de Economía de la Generalitat, el profesor Mas-Colell. La solución consiste en que ” los catalanes que han cotizado “durante décadas” tienen “derecho” a cobrar las pensiones, ya que se trata de un “contrato individual” entre ellos y España, una “obligación legal” que se podría reclamar ante los tribunales internacionales”. Si no le ha quedado claro, o si no se lo puede creer, se lo traduzco: La Seguridad Social España tendría que pagar las pensiones de los catalanes, aunque las cotizaciones las cobraría la nueva Seguridad Social catalana.

El separatismo está comprando boletos en la rifa de una crisis financiera

Si usted tiene nociones básicas de cómo funciona la Seguridad Social verá que algo falla: esencialmente que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones actuales. Esto significaría que la Seguridad Social Española que ya tiene un importante déficit, estaría simplemente quebrada, y que los pensionistas catalanes no podrían cobrar; salvo que los dirigentes separatistas recapacitasen y decidiesen pagar las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas catalanas. Pero claro, esto lleva a un déficit abultado.

Estos números, si se pagan las pensiones, que no son un ejercicio de simulación teórico, sino simplemente sumar los datos oficiales de la Generalitat y la Seguridad Social, dejan un déficit de 8.942 millones de euros antes de construir una réplica de la Administración del Estado. Esto habría que hacerlo con el 46% de los impuestos estatales recaudados en Cataluña, los no incluidos en el sistema de financiación, y no serían bastantes.

El principal problema es que estos impuestos, y todos los demás, hay que cobrarlos. Sin embargo, Cataluña no dispone de una Hacienda que pueda hacerlo, dado que “no dispone de bases de datos”, ni de “una organización de medios personales y materiales” que le permita controlar las obligaciones tributarias de los catalanes. Esto no sólo es mi opinión, ni la de cualquiera que conozca la Hacienda Catalana, que también, sino el diagnóstico del Consell Asessor per la Transició Nacional de la Generalitat de Cataluña, en su segundo informe (página 88).

En fin, no sólo no hay 16.000 millones teóricos en caja, sino déficit, es que, además, no hay capacidad práctica para cobrar los impuestos. Esto lleva a un déficit fuera de control.

¿Qué le ocurre a un Estado que tiene un déficit descontrolado? Que si puede recurre a su propio banco central y emite moneda para cubrir el déficit. Si no puede, porque el Banco Central está fuera de su control, tendrá que subir sustancialmente impuestos a los que ya pagan, y efectuar drásticos recortes. La primera es contra la que alertaron las entidades financieras en su comunicado, y que dio lugar, a los pocos días a las declaraciones del Gobernador del Banco de España, señalando que podía haber un “corralito” en Cataluña.

¿Todo esto lleva a un corralito? No, porque nadie se termina de creer que esto acabe pasando. El problema es que el mero hecho de que se plantee origina temor. Esto, como se confirme en las elecciones, será un problema real, porque los mercados financieros lo descontarán. España no quería salir del euro en 2012 ni quería impagar la deuda, como amenaza Àrtur Mas, pero la existencia de esa eventualidad, ínfimamente probable, como se demostró luego, llevó la prima a más de 600 puntos. Esto significó el corte de financiación de muchos proyectos con consecuencias muy graves sobre el consumo, la inversión y el empleo, sobre la economía real.

Las opciones separatistas, bien apostando directamente por la salida del euro, como las CUP, bien proponiendo políticas que necesariamente lo implican como la lista de Mas, están comprando boletos en la rifa de una crisis financiera.

En fin, el domingo los catalanes tienen la palabra; tienen que elegir entre los que hacen el indio, los que proponen viajes a Ítaca, viajes a ninguna parte, y los que creen que las ventajas de estar juntos son muy superiores a las falacias y a la fantasía, aunque sólo sea porque son reales. En cualquier caso, su voto importa más que nunca, por razones sociales y económicas, aunque muchos no se lo terminen de creer. Las consecuencias nos acabarán afectando a todos, a ellos los primeros.