Hace dos años, España era el único país de la Unión Europa de más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de transparencia. Es una norma básica de la democracia. Existe desde hace décadas en países de nuestro entorno y refuerza el sistema democrático, permite la rendición de cuentas y es un vehículo poderoso para luchar contra la corrupción.

La ley de transparencia beneficia a todos los ciudadanos. No solo es un arma para los periodistas. Un ciudadano puede preguntar a un ayuntamiento por cuestiones que le afectan de forma directa, como conocer el presupuesto destinado a arreglar las calles y jardines de su barrio, o preguntar por la trayectoria profesional de sus responsables.

Hace justo un año esta ley entró en vigor para la Administración General del Estado y desde el jueves 10 de diciembre, para Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A estas administraciones se les concedió un año más de plazo para que adaptaran sus estructuras a los requerimientos de la legislación.

La ley de transparencia española no es buena. La razón principal es que no considera el acceso a la información pública como un derecho fundamental recogido en la Constitución, como sucede en otros países. Al ser una norma de rango menor entra en conflicto con otras leyes orgánicas y no prevalece sobre estas. Muchas veces esta es la excusa de las instituciones para no dar información. Es necesaria una reforma constitucional para fortalecer este derecho ciudadano.

Las administraciones también pueden publicar datos de forma activa sin necesidad de una petición de información. Un caso como el de los viajes a Canarias del expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, cuando era senador, se hubiera resuelto en cinco minutos si el Congreso y el Senado hubieran accedido a publicar los gastos y destinos de cada diputado durante la legislatura. Es una información básica. Solo después de la presión mediática, PP y PSOE acordaron en publicar trimestralmente el coste global de todos los viajes de los diputados, sin conocer ni siquiera los destinos. Muy insuficiente. El parlamento británico publica de forma mensual el gasto detallado de cada diputado en hojas de Excel. Hasta lo que gastan en parkings. Lo que es normal en otros países, en España sigue siendo ciencia ficción.

Los datos de uso del portal de transparencia también son malos. Durante el primer año de aplicación de la ley, solo se han realizado 3.477 peticiones de información. Es una cifra muy negativa. Entre otras razones, la forma práctica de hacer una petición a través del portal de transparencia es muy complicada para el ciudadano. No todo el mundo es capaz de superar la yincana administrativa de la plataforma tecnológica y conseguir que el ministerio de turno le responda de forma positiva.

Reino Unido cuenta con ley de transparencia desde 2000, y entró en vigor en 2005. El gobierno central recibe más de 50.000 peticiones de información al año. Unas mil a la semana.

Uno de los retos actuales de la ley en España es la falta de cultura por la transparencia, tanto por parte de las instituciones como de los ciudadanos. El Gobierno no está acostumbrado a rendir cuentas y los ciudadanos no conocen que tienen este derecho. La única forma de romper este círculo vicioso es facilitando su uso y fomentando la importancia de hacer peticiones de información.

Durante este año he solicitado y he ayudado a realizar más de cien peticiones de información pública. La mayoría de ellas se han resuelto sin una respuesta satisfactoria a la información requerida, lo que ha llevado a la presentación de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este órgano gubernamental es el encargado de velar por el cumplimento de la ley y fomentar la cultura de la transparencia en España.

El Consejo de Transparencia ha tramitado durante el primer año de su puesta en marcha 426 reclamaciones a solicitudes de información al Portal de Transparencia por no estar de acuerdo con la respuesta o no haber obtenido contestación. Este dato representa al 12,2% de las solicitudes de información presentadas. ¿A qué responden? No lo sabemos. Falta mucha transparencia en la forma que la administración tramita las peticiones.

En la práctica, hacer una petición de información requiere un pequeño trabajo previo por parte del solicitante. Cuanto más específico seas, más posibilidades hay de conseguir una respuesta positiva. Hay que saber qué departamento dentro de los grandes ministerios puede tener los datos solicitados, ser muy específico con la información que se solicita e incluso conocer los campos de la base de datos donde se almacena la información. Es como jugar a los barquitos con la administración. Si dices A3 al azar lo normal es que te griten ¡agua! Hay que decirles B2, B3 y B4. Tocado y hundido.

Recuerdo una petición de información sobre el presupuesto detallado de la Casa Real. En ella argumenté que conocía la información publicada por la institución en su web y que quería conocer el detalle de esas partidas. ¿La respuesta? Me remitieron a la información de la página web. ¡Agua! En las estadísticas del portal de transparencia esta petición aparecerá como concedida, pero la realidad es que la respuesta no sirve de nada.

TRAMITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

La negativa de las instituciones a habilitar una simple dirección de correo electrónico donde centralizar las peticiones de información es otra de las principales reivindicaciones de las asociaciones pro transparencia. La gran mayoría de los países de la Unión Europea dispone de este simple mecanismo para responder a los ciudadanos. No les importa quién pide la información.

Helen Darbishire, británica afincada en España y directora de Access Info Europe, cree que esta barrera es fruto de una vieja actitud de la administración de querer saber quién es la persona que tiene la información suministrada. Acces Info, junto con la fundación Civio mantenían el portal Tuderechoasaber.es. Facilitaban a los ciudadanos la tarea de hacer peticiones a las diferentes administraciones. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y gestionaban desde el portal las solicitudes enviadas por correo electrónico. La exigencia de identificación de los ciudadanos con certificado digital o clave personal ha dado al traste el proyecto. Después de 1.800 solicitudes de información tramitadas desde 2012, ha tenido que cerrar sus puertas.

No está todo perdido. La presión ciudadana, pidiendo una mayor transparencia frente a los casos de corrupción, refuerza y mejora el espíritu de la ley. El parlamento que salga después del 20D tiene que trabajar la próxima legislatura para mejorar la ley, fomentar una política más activa en la publicación de información pública dentro de las administraciones y convertir su acceso en un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Mientras, pregunta al Gobierno.

*** Antonio Delgado es jefe de la unidad de datos y visualización de EL ESPAÑOL.

*** Ilustración: Sr. García.