A raíz de la masacre de San Bernardino el pasado 2 de diciembre, ha cundido cierta alarma en los Estados Unidos en torno a si sus autores habían utilizado las redes sociales para expresar su radicalización y su apoyo a la yihad.

Algunas investigaciones evidencian que, en efecto, hubo intercambio de mensajes entre los autores en los que abundaban signos de la radicalización que les llevó a cometer la matanza. Pero esos mensajes se intercambiaron en canales privados, correo electrónico y mensajes directos en Twitter. Contrariamente a lo que algunos medios informaron, no hubo comunicación pública.

El presidente Barack Obama ha aclarado que, en efecto, la policía federal norteamericana inspecciona los mensajes difundidos a través de las redes sociales por los solicitantes de visado para entrar en el país, pero que no monitoriza sus comunicaciones privadas salvo que exista sospecha justificada. Un compromiso alcanzado, según el presidente, después de numerosas evidencias de espionaje generalizado como las presentadas por Edward Snowden, y de acusaciones a la Administración de pretender convertirse en el Gran Hermano.

Resulta complicado -o imposible, al menos ahora- saber si los Estados Unidos han alcanzado un balance adecuado entre vigilancia y seguridad. Personalmente, me parecería lógico que un país denegase la entrada a personas que hubiesen expresado pruebas de radicalización o extremismo, indicios que permitiesen suponer que pretende atentar en ese país. Con determinadas cosas no se juega, e insinuar que se está dispuesto a utilizar la violencia, para lo que sea, debería hacer que esa persona fuese tratada como se trata a aquellos con los que públicamente se identifica.

Eso quiere decir dos cosas: primera, que un simple tuit, una actualización en Facebook o una entrada en un blog pueden determinar que te resulte imposible entrar en un país, o que recibas una visita de la policía. ¿Razonable? Para mí, claramente sí, con sus límites: una cosa es expresar una opinión determinada, y otra identificarse con opciones violentas, hacer apología de la violencia o incluso afirmar que se está dispuesto a cometer actos violentos. Pero además, implica que aquellos que pretendan cometer actos violentos dejarán de comunicarlo en las redes sociales, y será más difícil descubrirlos.

Monitorizar las comunicaciones privadas de los ciudadanos es inaceptable salvo que existan sospechas fundadas, afirma Obama, y creo firmemente que así debe ser. Pero ¿qué constituye una sospecha fundada? ¿Convierte un viaje a una zona conflictiva a un ciudadano en sospechoso? ¿Incrementa la sospecha el hecho de profesar una religión determinada? ¿Tener amigos o contactos en entornos radicales? ¿Ciertas actitudes políticas? Es mucho lo que está en juego, no lo olvidemos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?