La responsabilidad de Rodrigo Rato y de Miguel Blesa por el uso de tarjetas opacas durante su etapa de presidentes de Bankia y Cajamadrid se contempla desde el Gobierno con mucha mayor benevolencia de lo que lo hace el Ministerio Fiscal.

Este caso es, posiblemente, el que más ha indignado a la opinión pública en los últimos tiempos. Los usuarios de estas tarjetas cargaron más de 15 millones de euros en gastos personales absolutamente injustificados y, además, de espaldas a Hacienda. Viajes, ropa, restaurantes, hoteles de lujo... todo se pagaba con esas tarjetas, hasta derrochar cantidades desorbitadas que nadie controlaba.

Un fraude en puertas del rescate

El fraude resulta especialmente repugnante por cuanto lo cometieron directivos que gozaban, en su mayoría, de una holgada situación económica, y porque el dinero que disfrutaban a manos llenas pertenecía a una entidad ya herida de muerte que acabó quebrando y que tuvo que ser rescatada por el Estado; o sea, por todos los ciudadanos. El agujero contable de Bankia superó al final los 22.000 millones de euros.

Ahora, mientras el Ministerio Público reclama penas de cuatro años y medio de cárcel para Rato y seis para Blesa por apropiación indebida, el FROB, adscrito al Ministerio de Economía y personado en la causa, solicita sólo tres para el ex vicepresidente del Gobierno y cuatro años y ocho meses para Blesa. Otro de los beneficiados por la lectura que de la gravedad de los hechos hace el Gobierno es Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I. Tanto en el caso de Rato como en el de Spottorno, Economía encuentra atenuantes por la devolución de parte del dinero que la Fiscalía no toma en consideración.

Juicio a toda una época

El caso supone el juicio a toda una época de latrocinio en las cajas de ahorro. Al término de la investigación y, con buen criterio, el Ministerio Público ha cambiado la calificación del delito, que de administración desleal pasa a serlo de apropiación indebida, más grave y mucho más ajustado a la realidad. El fiscal deja claro que las entidades crearon "una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal" y que los beneficiarios de las tarjetas "no debían presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto". Entre los 66 imputados también hay representantes de los sindicatos y personas designadas en el consejo de las cajas por los distintos partidos políticos.

Que el Gobierno intente echar ahora un cable a personas como Rato o Blesa, tan cercanas al PP, quiere decir que no ha entendido el malestar de la sociedad ante este tipo de escándalos y demuestra su laxitud con la corrupción. El asunto de las tarjetas, además, sólo es una causa desgajada del caso Bankia, que habrá de juzgar de nuevo por graves delitos a personas como Rato. Por mucho que se empeñe el Gobierno en rebajar las condenas, el horizonte penal parece bastante oscuro para quien fue considerado el autor del milagro económico español en los años 90.