El Estado no puede delinquir

Nadie podría asegurar que la Asamblea General de Naciones Unidas, el 31 diciembre 2003, pudiera actuar como un hada madrina ante la situación que se estaba cocinando en algunos países y en particular en el nuestro. Con visión casi profética declaraba el 9 diciembre de cada año como el Día Internacional contra la corrupción. Una decisión así implica una gran preocupación por lo que observa y el deseo de prevenir lo que puede ser una grave amenaza.

En la Declaración aprobada por unanimidad se decía "la corrupción es un fenómeno social complejo que afecta a todos los países, mina las instituciones democráticas y contribuye a la inestabilidad de los gobiernos, a la vez que frena el desarrollo. Ataca los fundamentos de las instituciones democráticas, distorsionando el proceso electoral, pervirtiendo la aplicación de la ley y creando fangos y atolladeros burocráticos, cuya razón de ser no es otra que la solicitud de sobornos. Lastra el desarrollo económico porque la corrupción desalienta la inversión extranjera e impide a los pequeños negocios poder hacer frente a los costes en los que la corrupción les obliga a incurrir".

Entendemos por corrupción la formulada por la OCDE en 2014, "el abuso del puesto público o privado para obtener una ganancia personal", debiendo entender por personal, no sólo la que individualmente se obtiene, sino también aquella que va destinada a un interés particular sea personal, colectivo, partidario, grupal o tribal.

En la Comunidad Valenciana seguimos viviendo espectáculos esperpénticos que a todos nos desilusionan

La gravedad y el diagnóstico también atañe a nuestro país, en el que, al decir del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la contratación pública en el año 2014 ha generado un sobrecoste de 48.000 millones de euros, el 4,5% del PIB.

Especialmente en la Comunidad Valenciana, definida en el periódico francés Le Monde  como verdadero centro de la corrupción (Le Grand Nettoyage, 23/12/2015), hemos vivido y seguimos viviendo espectáculos esperpénticos que a todos nos desilusionan y nos preocupan, nos implican y nos comprometen a enfrentarnos a ella.

A la vista de la situación que todo el mundo sabe y que viene siendo reiterada día tras día, se alzan algunas preguntas que todos nos hacemos: ¿Y ahora qué?, ¿qué queremos hacer?, ¿qué podemos hacer?, ¿qué estamos dispuestos a hacer de provecho?

Nada funciona sin una sociedad civil activa y vigilante; a ella corresponde tomar la iniciativa

Frente a la corrupción se presentan tres escenarios complementarios en los que habrá que actuar: la justicia que tiene la obligación de investigar y, en su caso, sancionar ponderada y adecuadamente; los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y medios de comunicación, a quienes compete facilitar la investigación, asumir la responsabilidad de la denuncia social sobre lo que ven y viven; y la sociedad civil en general a quien corresponde tomar la iniciativa en el acoso frente al abuso.

I. El punto de partida. Nuestro punto de partida es que nada funciona sin una sociedad civil activa y vigilante. En la actualidad, la corrupción ha alcanzado unas impensables magnitudes y viene abarcando a la casi totalidad de los ámbitos de la actividad humana, desde la economía hasta la cultura, el periodismo, la política, la banca, la educación, los sindicatos, la ciencia, la justicia, el orden público y hasta las organizaciones no gubernamentales.

II. La decisión. La Fundación por la Justicia asumió en noviembre 2014 la necesidad de aportar propuestas que fueran concretas, útiles, eficaces y posibles frente a la corrupción, teniendo en cuenta que se estaba produciendo una gran indignación que necesitaba respuestas y propuestas que mejoraran el grado de autoestima colectivo frente a una situación que desbordaba cualquier previsión.

Valencia, Murcia, Pamplona Barcelona o Madrid se comprometieron a plantar cara a la corrupción

III. La rebelión ante la indecencia. Como consecuencia de lo anterior, decidimos coordinar una rebelión de la sociedad civil contra la corrupción, estupefacta ante lo que veía todos los días.

Invitamos a todas aquellas personas individuales o en representación de determinadas organizaciones que pudieran asumir el mensaje y quisieran participar sin ninguna intención partidista ni electoral, ubicadas o residentes en cualquiera de las ciudades de nuestro país o de cualquier otro. De inmediato, se unieron ciudades como Valencia, Murcia, Pamplona, Barcelona, Madrid y San Francisco (EEUU).

Nos marcamos una fecha límite a la vista de la situación de multi-electoralismo que se iba a producir en nuestro país durante el año 2015, fijando el 9 diciembre pasado la firma de un gran Pacto estatal, fruto del trabajo que pudiéramos haber realizado. Y lo cumplimos.

Nos planteamos que había que erradicar un estado de cosas que afectaba ya a la respirabilidad social

IV. El calendario y su impacto político y ciudadano. Importante fue el impacto producido con la presentación de las "99 propuestas reales contra la corrupción", que apuntaban inequívocamente al inexcusable abordaje de unas decisiones dirigidas a erradicar o al menos a disminuir y minimizar en lo posible la permanencia de un estado de cosas que estaba afectando a la respirabilidad social.

Sosteníamos que nuestros enemigos eran y siguen siendo el desinterés por las personas, la oscuridad y la amnistía; y nuestros aliados la humanización, la transparencia y la exigencia de responsabilidades.

Los grupos políticos que concurrían a las elecciones inmediatas en la Comunidad Valenciana fueron suscribiendo el mencionado compromiso por el siguiente orden: Compromís, Podemos, UPyD, EUPV, PSPV-PSOE, PP-CV y Ciudadanos. Somos 55 las organizaciones civiles y más de 300 las personas individuales que figuramos como proponentes. Sigue invitado a adherirse quien esté contra la indecencia.

Las propuestas contra los abusos cometidos en la Administración son válidas para todos los países

V. La búsqueda de consensos. Seguimos pulsando a la sociedad y en 40 días recibimos otras 251 propuestas enriquecedoras, distintas o novedosas. La necesidad de evaluar la totalidad de lo recibido, nos impulsó a constituir hasta 15 grupos de trabajo, distribuidos por las diferentes materias que definieron las 150 propuestas que integran el Pacto.

VI. La definición del contenido del Pacto. Decidimos mantener el nombre de Pacto estatal, porque provenían de múltiples puntos de la geografía de nuestro país principalmente, porque son aplicables en todo el territorio nacional, y fundamentalmente por su validez para todos los organismos y a la organización misma del Estado. Aún es más, la validez de una gran parte de las mismas podría extenderse incluso a otros países, como descubrimos por la solicitud de organizaciones de América central y Sudamérica.

Son 150 las propuestas que finalmente integran el texto del Pacto (el texto íntegro con las respuestas obtenidas de cada uno de los grupos adheridos se puede consultar aquí) y que se estructuran en materias relacionadas con la Administración pública, estatuto de altos cargos, financiación de partidos políticos, sistema financiero y transacciones comerciales internacionales, empresa y contratación pública, ordenación del suelo y urbanismo, sanidad, seguridad y protección social, migraciones sociales internacionales, diversos ámbitos de la justicia, medios de comunicación social, formación, observatorio y foro anual. El Pacto estatal fue firmado en el acto público y solemne celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Valencia el 9 diciembre 2015.

Difícilmente podrá dársele la espalda a una ciudadanía que ha decidido estar activa y vigilante

VII. La valoración del resultado. Una primera evaluación de sus resultados nos permite afirmar que de las 150 propuestas presentadas, los grupos políticos han asumido el 92,2% (ni en tiempos del dictador se llegaba a tales cifras sin manipulación, y les puedo asegurar que no ha habido alteración alguna, sino la generosa respuesta y el compromiso que se deriva de la posición de todos los grupos políticos adheridos).

Más en concreto, resulta interesante saber que 98 propuestas de las 150 han sido asumidas por la totalidad de los grupos políticos, lo que equivale a la unanimidad: la pregunta inmediata es, ¿qué hace falta para ejecutarlas?

Por fin, cabe decir que la ciudadanía se ha puesto en marcha en contra de la corrupción y que difícilmente podrá darse la espalda a una sociedad civil que ha decidido estar activa y vigilante -a través del observatorio/agencia asumida por todos, de cuyos resultados daremos cuenta a través de un Foro anual-, porque considera una traición vivir de espaldas a la realidad y estima que no hay manera más digna de vivir que implicándose en ella, asumiendo la pasión por la dignidad y el buen funcionamiento de las instituciones. Seguros estamos de compartir que el Estado no debe delinquir.

*** José María Tomás Tío es magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia.