Las "graves inexactitudes" que la Sala Civil del Supremo ha detectado en el folleto que emitió Bankia para su oferta pública de acciones da la razón a los accionistas que han exigido la devolución del dinero que invirtieron. El fallo justifica su decisión en que el folleto que anunciaba esa operación no reflejaba la realidad contable de Bankia.
Las reclamaciones en los tribunales ascienden a más de 800 millones de euros. Aunque la entidad que ahora dirige José Ignacio Goirigolzarri había provisionado 1.800 millones para, llegado el momento, poder satisfacerlas, la sentencia es un revés para Bankia. La entidad pretendía que, antes de resolverse las demandas civiles, se esperara a que hubiera una sentencia penal que pudiera establecer las responsabilidades individuales. Además, quienes aún no hayan requerido al banco su dinero, podrán hacerlo ahora con la garantía de su recuperación, dado que los plazos de prescripción aún no han vencido.
Los fines políticos de la operación
A la espera de que el Supremo haga público el fallo -este miércoles sólo ha anunciado su sentido- hay quien argumenta que su decisión crea inseguridad jurídica, pues pone a partir de ahora bajo la lupa todos los folletos con los que se anuncien nuevas salidas a Bolsa. Sin embargo, la que sobre todo es la sentencia es un reproche al Estado, que no supo o no quiso ejercer sus labores de supervisión.
En realidad, estamos ante un caso paradigmático de concertación del Gobierno con las instituciones supervisoras para lograr sus objetivos políticos. El Ejecutivo de Zapatero vio en la salida a Bolsa de Bankia, la ocasión de proclamar el fin de la crisis del sector financiero y del caos de las antiguas cajas. El PP, entonces en la oposición, que había aupado a Rodrigo Rato, estaba de acuerdo con la operación. Los grandes perjudicados volvían a ser los pequeños ahorradores.
Los contribuyentes acaban pagando
En la carrera hacia el parqué de Bankia se relajaron todos los controles. El Banco de España y la CNMV dieron por fidedignos unos datos acerca de la entidad que la realidad del mercado puso enseguida en su lugar. Cuando se publicaron las cuentas de Bankia de 2011 hubo dos lecturas contrapuestas: según la optimista de Rato, la entidad había tenido 309 millones de beneficios, y según la pesimista de Gorigolzarri, había pérdidas de más de 3.000. Ese agujero lleva a pensar que la valoración inicial de la entidad fue inicialmente muy alta.
La bofetada que ahora se lleva Bankia en los tribunales es en realidad un sopapo a la seriedad de nuestras instituciones y a la confianza en España. Pero además, dado que el Estado es propietario de la entidad, serán los contribuyentes quienes acaben asumiendo una operación que nunca debió salir adelante en aquellas condiciones.