Con la maniobra de colocar a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, el PP se asegura de que la exalcaldesa de Valencia no pierde el aforamiento. De esta forma, aunque hubiera que ir a nuevas elecciones y se disolvieran las Cortes, Barberá permanecería blindada para la Justicia valenciana, que ya ha imputado por blanqueo de capitales a quienes fueron sus concejales.

Esta actitud protectora del PP hacia Barberá es incoherente con el mensaje que el propio Rajoy lanzó el pasado jueves a los diputados de su grupo parlamentario, cuando, en pleno escándalo por la corrupción en Valencia, afirmó: "Esto se acabó y aquí ya no se pasa ninguna". Desde las filas populares se había pretendido mostrar como una prueba de firmeza el hecho de dejar a Barberá sin la presidencia de una sola comisión en la Cámara Alta. Nada más lejos de la realidad.

Incongruencia en el discurso

La incongruencia entre el discurso que el PP hace de puertas afuera y sus hechos es una provocación que sólo tiene dos posibles explicaciones, a cual más oprobiosa: o el partido busca alargar la protección de Barberá para que su caso no le estalle en plena campaña electoral o bien teme su reacción y ha decidido comprarle su silencio a cambio de otorgarle el amparo. Pero ambas explicaciones no son excluyentes; ambas podrían concurrir.

El comportamiento del PP refuerza la información que ha desvelado EL ESPAÑOL, y es que la forma de financiar las campañas electorales en Valencia no era una excepción. El modus operandi se había patentado en Génova y se había utilizado antes incluso de que Luis Bárcenas fuera su tesorero. Una Barberá abandonada a su suerte, dolida, podría estar tentada de tirar de la manta.

El desprestigio del Senado

El caso es más sangrante, si cabe, por cuanto pone al descubierto las miserias del Senado como simple medio para la protección y jubilación dorada de políticos. Rita Barberá se ausentó este martes de la primera sesión en la que debía participar sin que nadie le llamara la atención por ello. El desprestigio y la inutilidad de la Cámara Alta se ve en estos casos en toda su crudeza.

Lo mismo ocurre con los privilegios de los políticos, como el del aforamiento. Resultaría kafkiano que una investigación que se centra en el grupo municipal de un ayuntamiento acabara teniendo que resolverse en el Supremo porque uno de sus imputados es un aforado.

Si el PP quiere salvar algo de su ya agotadísima credibilidad, debería forzar a Rita Barberá a que dejase su plaza en el Senado. Más pronto o más tarde, la verdad acabará saliendo a la luz: la inmunidad de Barberá no puede ser perpetua. ¿Por qué el partido no se anticipa a la fatalidad? Porque no conviene a los intereses a corto plazo de un Rajoy que no quiere más obstáculos en su intento desesperado por aferrarse a la Moncloa.