Al margen de cuál sea el desenlace de las investigaciones en curso, de lo que ya no cabe duda es de que el PP genera muchos más escándalos de los que cualquier organización política sería capaz de encajar. De ahí el hartazgo que algunos destacados militantes han manifestado este fin de semana, la irresponsabilidad con la que primeras espadas del partido y del Gobierno han reaccionado ante la última operación judicial, desarrollada en la inflamable plaza de Valencia, y la incapacidad de Mariano Rajoy para aparentar siquiera que controla la situación.

La sensación de vacío de poder es tal que el expresidente valenciano Francisco Camps, relacionado por la Ser en una presunta investigación, aprovechó para convocar una rueda de prensa y ofrecerse a Rajoy para regenerar el partido -"Si me presento gano de calle"- y sugerir que está dispuesto a presentarse a unas primarias para volver a liderar el PPCV. Nadie de la dirección salió a matizarle o corregirle, pese a que Camps encarna la época de la corrupción y el despilfarro, tal y como lo han representado en no pocos monumentos falleros desde que pasó a segunda fila.

Alfonso Grau, detenido

Este martes, una hora antes de la reunión del comité ejecutivo nacional y apenas 48 después de que el presidente del PP vasco dijera estar "hasta los cojones" de la corrupción, la Guardia Civil detenía al ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, investigado en esta ocasión -ya está imputado en Nóos- por un delito de "cohecho continuado".

Los populares volvían así a enfrentarse a sus demonios domésticos, las investigaciones judiciales, en una de las organizaciones territoriales -junto a la de Madrid- más quemadas por la corrupción. La operación judicial iniciada este martes pretende esclarecer un contrato firmado en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado durante 24 años por la hoy senadora Rita Barbera, corporación en la que todos los concejales populares excepto uno han sido imputados por una trama de blanqueo sin que nadie les haya pedido el acta.

Este nuevo caso agrava la sospecha de que en el PP la corrupción no es una peste importada por personajes sin escrúpulos que se han aprovechado de la organización, sino un mal extendido en los feudos que sirvieron a Rajoy para consolidar su liderazgo interno. Y el modo en que la dirección nacional y el ministro del Interior han reaccionado confirma que es absolutamente imposible hoy por hoy que el partido del Gobierno se regenere a sí mismo.

Ejecutiva 'sin histeria'

Durante la ejecutiva del PP, convocada para aprobar el nombramiento de una gestora en Madrid debido también a la corrupción, ni se habló de Alfonso Grau, ni del nuevo caso en Valencia, ni de Rita Barberá. Muy al contrario, Rajoy insistió en que su gestión frente a la corrupción había sido "ejemplar" y pidió a los dirigentes del partido que no se dejen "llevar por la histeria".

Durante la rueda de prensa, el portavoz popular, Pablo Casado, insistió en que Rita Barberá tiene que explicarse y defender su gestión en Valencia. Las presiones sobre la exalcaldesa, que lleva más de dos semanas desaparecida, caen en saco roto porque no es lógico que si Génova desconfía de Barberá no le pida el acta. Más aún, fue la propia dirección popular la que decidió blindar su aforamiento, por si hay elecciones, al nombrarla miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta.

Las dudas del ministro

Si las declaraciones de Casado pueden parecer sintomáticas de la incapacidad de reacción, e incluso del doble discurso del PP, ante los escándalos, las del ministro del Interior sólo pueden calificarse de disparatadas. Jorge Fernández Díaz dijo no creer "en la espontaneidad ni en la casualidad", criticó que las causas judiciales se eternicen, y denunció que sólo salen a la luz casos que afectan al PP. Que el titular del Interior, de cuyas decisiones dependen la provisión de fondos materiales y humanos para los juzgados y cuerpos de seguridad, arroje dudas sobre la imparcialidad de jueces, fiscales y policías es inaudito y debería hacerle si no dimitir, sí al menos meditar sobre su credibilidad en el cargo.

El ofrecimiento de Camps a Rajoy para volver a primera línea es ilustrativa del desnortamiento del PP. Sobre todo cuando las investigaciones judiciales afectan a una de sus plazas en la que más altos cargos han resultado arrasados por la corrupción. Obligado a dimitir hace cinco años cuando iba a ser juzgado por el caso de los trajes, del que fue absuelto por un jurado popular, e investigado ahora por los contratos de la Fórmula 1, el paso adelante dado por Camps es la metáfora perfecta de la incapacidad de reacción de un partido en el que los escándalos enmudecen a los cargos en activo mientras resucitan a sus fantasmas pretéritos, y en el que las fallas han empezado a arder un mes antes de lo previsto.