La confirmación de que España se desvió del objetivo de déficit en 2015, al rebasar de largo el tope del 4,2% del PIB marcado por Bruselas y alcanzar el 5,2%, le ha sacado los colores al Gobierno de Rajoy. En un descarado ejercicio de escapismo, Cristóbal Montoro trató este jueves de trasladar toda la responsabilidad de ese desfase a las comunidades autónomas, un argumento suicida que en la práctica equilvaldría a asumir que el Ministerio de Hacienda es un mero convidado de piedra en este ámbito, algo que es incierto. No por casualidad, el interlocutor de la Comisión Europea es el Gobierno y a quien amenaza ya con sancionar por su déficit excesivo es a España, no a las autonomías.

Sorprendentemente, el ministro se presentó como víctima de la situación, como si la cifra de déficit fuera una sorpresa para él. Sin embargo, el Gobierno recibió periódicas advertencias de la UE para corregir el rumbo de las cuentas de 2015, que no tuvo en cuenta e incluso despreció públicamente. Más aún, los incumplimientos se produjeron ya en 2013 y en 2014, y todos los analistas coinciden en que se repetirán en 2016, por lo que los resultados del ejercicio pasado no se pueden considerar una excepción.

Igual que Zapatero

El Gobierno de Rajoy ha igualado el récord del Gobierno de Zapatero: todos y cada uno de los años de la legislatura ha incumplido el objetivo de déficit. Podrá argumentar que recibió una herencia envenenada, pero no es excusa suficiente: siempre tuvo de su lado al Banco Central Europeo para afrontar de forma ventajosa los pagos de los intereses de la deuda y, en el caso de 2015, fue un ejercicio en el que el PIB creció por encima de lo previsto, por lo que el déficit debería haber sido mucho más fácil de contener.

Montoro ha debido pensar que la mejor forma de escurrir el bulto ante los ciudadanos y ante las autoridades europeas era pasar al ataque y señalar a aquellos gobiernos autonómicos -que los hay- que no han hecho sus deberes. A ellos se dirigió para advertirles de que los multará si no presentan unos nuevos planes financieros para corregir el rumbo y que, llegado el caso, podría retirarles las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica e incluso intervenir la autonomía.

Sorprende que sea justo ahora que está en funciones cuando Montoro muestre todo el arsenal del que dispone para poner firmes a las comunidades, después de haber gozado de cuatro años para hacerlo con una apabullante mayoría absoluta. De hecho, en sus actuales circuntancias, el Ejecutivo no tiene fuerza ni moral ni política para desplegar todas las medidas coercitivas que ha anunciado.

Huida hacia adelante

En su huida hacia adelante, Montoro no dudó en señalar cínicamente a los Ejecutivos de coalición que gobiernan en algunas comunidades como causantes de la situación, pese a que la mayoría se formaron en el verano de 2015, cuando los presupuestos ya estaban en vigor y se habían comprometido los gastos en base al diseño que hicieron, precisamente, gobiernos del PP.

Por si la situación no fuese para el Gobierno lo suficientemente embarazosa con el  déficit, también lo acorrala ahora la deuda. Eurostat acaba de exigir a España que contabilice a BFA -la entidad estatal que posee la mayoría de las acciones de Bankia- como una empresa pública. Eso significa que su deuda deberá incluirse en el balance de las cuentas del Estado y que España tendrá que revisar los datos de deuda pública de los últimos tres años, que rozan el 100%.

El discurso autojustificativo de Montoro carece de rigor. Además, es probable que su decisión de meter en cintura a unas comunidades que están asfixiadas avive la conflictividad política, provocando una rebelión autonómica en el momento menos oportuno. El órdago de Montoro llega tarde. Cuando podía lanzarlo no lo hizo, y cuando quiere, no puede. Un émulo perfecto de la política de Rajoy.