El interés del jefe de la UDEF por promover la acción penal contra Podemos en el asunto de la presunta financiación ilegal de esta formación le llevó, tal y como desvela hoy EL ESPAÑOL, a una decisión insólita: telefonear a jueces del Supremo que tienen que decidir qué se hace con la querella presentada a ese respecto por el sindicato Manos Limpias.

Según ha manifestado Manuel Vázquez, que acaba de ser nombrado por Interior jefe superior de la Policía en Galicia, sus llamadas tenían como única finalidad ponerse a disposición de los magistrados y ofrecerse a explicar el resultado de la investigación policial para aclarar cualquier tipo de dudas.

Cabe interpretar, sin embargo, que la intención de una acción tan inusual era persuadir a los jueces de que en las investigaciones de los agentes había materia suficiente para actuar contra Podemos. Esas investigaciones dieron lugar en su día a un informe que se bautizó como "Pisa", por las iniciales de "Pablo Iglesias Sociedad Anónima".

Cargo de confianza

Lo que el comisario trata de presentar como algo normal es un hecho escandaloso. El jefe de la UDEF es un cargo de confianza del ministro del Interior y si decide telefonear a los jueces es fácil que estos entiendan -y así lo hicieron- que cuenta con el respaldo del Gobierno y que existe, por tanto, un interés del Ejecutivo en que se tomen cartas en el asunto. Es inimaginable que el comisario diera un paso así por su cuenta y riesgo. Pero es que Manuel Vázquez fue quien, hace poco más de un mes, en otra iniciativa inaudita, remitió el informe Pisa al Tribunal de Cuentas advirtiendo de la posible comisión de delitos fiscales, blanqueo y financiación ilegal. 

También está la gravedad del momento en el que se producen los hechos, cuando se dilucida la posibilidad de formar una mayoría en el Parlamento para nombrar presidente. Este episodio no hace sino reforzar la idea de que la cúpula de Interior, en función del calendario político, está utilizando la información que maneja para beneficiar al partido del Gobierno y a su presidente, Rajoy.

Esa es la tesis que sosteníamos este miércoles tras ponerse en circulación -precisamente 48 horas antes de la reunión clave entre PSOE, Podemos y Ciudadanos- un documento que indicaría que el régimen de Hugo Chávez pagó siete millones de euros a la fundación que sirvió de embrión a la formación de Pablo Iglesias.

Emplazamos al ministro

Jorge Fernández Díaz ha negado tajantemente que esté controlando las filtraciones a los medios: "Yo, como ministro del Interior", ha dicho, "estoy en condiciones de desmentir rotundamente que ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía hayan filtrado ninguna documentación ni ninguna información. Estoy seguro de que nadie está en condiciones de desmentir este desmentido". Pues bien, nos reafirmamos en todo lo publicado y le emplazamos a ver si él es capaz de desmentir las llamadas de la UDEF al Supremo.

Nos reafirmamos en lo publicado. A la vista de los acontecimientos, estamos convencidos de que existe una operación por parte del partido en el Gobierno para manipular a la opinión pública y a los poderes del Estado en contra de un rival político aprovechando los resortes de la Administración. Y eso es independiente del hecho de que pensemos que la colaboración de Podemos con regímenes autoritarios -al margen de que sea delictiva o no- es una mancha que va a acompañar permanentemente a esta formación. Pero si se permite que se haga esto con Podemos se estará legitimando esa forma de actuar y no habrá argumentos para oponerse cuando cualquier otro partido actúe igual desde el poder.

Las llamadas del jefe de la UDEF al Supremo son intolerables y merecen una aclaración de Jorge Fernández Díaz en sede parlamentaria. Cuando la Policía toca a la puerta de los jueces entramos en un terreno peligroso, porque supone una interferencia, una intromisión que debilita los fundamentos del Estado de Derecho. Está en juego la calidad de nuestra democracia.