La consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE Enriqueta Chicano quiere que edificios históricos secularmente vinculados a la Corona, como los palacios de Aranjuez y La Granja, o los monasterios de Yuste y El Escorial, dejen de pertenecer a Patrimonio Nacional y pasen a formar parte del Patrimonio del Estado. La revisión de la adscripción jurídico administrativa -consecuencia de la primera fiscalización del Patrimonio Nacional por parte del Tribunal de Cuentas- afectaría también a los reales patronatos y sus fundaciones. Se trata de una propuesta no exenta de polémica, pues privaría formalmente a los reyes del uso y servicio de lugares emblemáticos, pero pone sobre la mesa un debate pertinente sobre los bienes adscritos a la Casa Real. Hubo un tiempo en que la Corte llevaba una existencia itinerante entre Aranjuez, La Granja y El Escorial. Sin embargo los reyes ya no usan estos lugares desde hace siglos, por lo que en muchos casos han perdido su fin original. Además, muchos de estos palacios son deficitarios y principalmente sostenidos con fondos estatales, por lo que no sería descabellado que pasen a engrosar el Patrimonio del Estado.