Desconfío hasta más allá de lo razonable del presunto intento de extorsión de Manos Limpias a la infanta Cristina de Borbón a cambio de retirar la acción popular contra ella por delito fiscal. No me lo creo. Es más, pienso sin dudarlo un segundo que ha sido al revés, que las cloacas del Estado, después de no haberse conseguido por medios diplomáticos, han fabricado este burdo montaje para liberar definitivamente a la hija de un rey y hermana de otro de tener que seguir sentándose junto a su marido en el banquillo de los acusados del caso Nóos. Desconfío del auto del juez Pedraz y de la brillante investigación policial a la vez que estoy convencido de que los señores Bernad y Pineda no son las dos personas más honestas del país.
Por qué me iba a creer esto del intento de extorsión si desde que estalló el caso la maquinaria del Estado y el Gobierno en pleno parecen no haber tenido otra misión en la vida que intentar salvarla como fuera. Recuerden si no que en marzo de 2012, según contaron Urreiztieta e Inda, el rey Juan Carlos I, el presidente Rajoy, el ministro Gallardón y el fiscal general Torres-Dulce, entre otros, se reunieron en Zarzuela para decidir, ellos solitos, que Iñaki Urdangarin fuera a la cárcel pero que su esposa quedara libre de todo pecado.
Por qué me iba a creer esto de Manos Limpias si en enero de 2014 Mariano Rajoy tuvo la desfachatez de decir delante de las cámaras de televisión -exactamente en una entrevista con Gloria Lomana en Antena 3- que la infanta era inocente y que le iba a ir bien. ¿Quién es el presidente del Gobierno, que tiene bajo su mando al Fiscal General y a la Abogacía del Estado, para opinar sobre un caso abierto y en plena instrucción?
Por qué me lo iba a creer si se ha intentado desde el principio de los tiempos desprestigiar hasta la saciedad al juez José Castro -el instructor del caso que ha sentado a la infanta en el banquillo- por todos los medios posibles, incluidas algunas imágenes del magistrado que a saber quien las envío al periódico que posteriormente las publicó.
Por qué creerse todo esto si, sorprendentemente por lo inadecuado, el fiscal Horrach, que más que como fiscal ha actuado permanentemente como miembro activo del equipo de defensa de la infanta, recurrió el auto de imputación dictado por Castro en una decisión nunca vista antes en la Fiscalía Anticorrupción.
Por qué me lo iba a creer si la citada Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, de la mano de los defensores de la infanta, todos juntos en unión, pretendieron convertir la doctrina Botín en la doctrina Borbón en un intento desesperado de liberarla del oprobio del banquillo.
Por qué este auto de fe si ya en pleno juicio Nóos, y en plena operación para intentar rescatar como fuera a la hija de un rey y hermana de otro, repito, la abogada que representaba al Ministerio de Hacienda, rozando no ya el bochorno sino el ridículo, llegó a decir aquello de que no era exactamente cierto lo de que Hacienda somos todos, que sólo era una frase publicitaria y que no había que tomársela al pie de la letra.
Por qué creerse esto de la extorsión si sabemos que Hacienda, que nunca perdona nada, nunca, permitió a la infanta deducirse impuestos con unas facturas falsas sabiendo que lo eran, o desgravarse trabajadores imaginarios.
Lo que las apariencias nos dicen es que el ministro del Interior ha solucionado presuntamente el problemilla que no pudieron arreglar el presidente del Gobierno, el ministro de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, sin contar con el rey emérito y su largo brazo y con no pocos medios de comunicación siempre al lado de la sangre azul.
Después de todo va a tener razón Mariano Rajoy y al final le puede ir bien a Cristina de Borbón.