Según la demanda presentada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ante la Audiencia Nacional, un 69% de las peticiones de información efectuadas por la entidad fueron denegadas o contestadas de forma insuficiente tras la orden ministerial firmada por Cristóbal Montoro en julio de 2015. Se trata de una cifra escandalosa. La labor de la Airef, creada como organismo independiente según las directivas europeas en 2013, es inspeccionar el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria, por lo que este bloqueo por parte de Hacienda priva a Bruselas de información esencial sobre el control del déficit español.
El catálogo de excusas de Montoro para justificar esta obstrucción no se sostiene. Según Hacienda, la mayor parte de las peticiones que fueron denegadas o escapaban al ámbito de competencia de la Airef o se trataba de información auxiliar que no debía ser proporcionada, lo que resulta ridículo teniendo en cuenta la función supervisora de ésta. Otras razones incluyen la falta de disponibilidad de los datos o que ya estaban publicados, aunque no con el nivel de detalle solicitado.
La transparencia y el buen gobierno dictan que Hacienda facilite la labor de la entidad que debe supervisar el déficit. En vez de acogerse a argucias para escapar a esta evaluación, Montoro debe dejar de poner obstáculos y aportar la información necesaria al organismo que dirige José Luis Escrivá.