Que a estas alturas, tanto Manuel Chaves como su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguren que no saben nada del asunto del fraude en los cursos de formación no se sostiene. Pero eso es lo que han manifestado este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento autonómico. Sorprende su ignorancia, pues estamos ante uno de los mayores casos de corrupción por volumen de dinero público presumiblemente defraudado y por su extensión en el tiempo. El asunto abarca desde 2002 a 2014 y está bajo sospecha el uso que se dio a 1.300 millones de euros.
Pese a los años transcurridos y los centenares de pruebas recogidas, Chaves y Griñán, que por su alta responsabilidad han tenido acceso a información de primera mano, siguen afirmando que desconocen que hubiera irregularidades. "Nunca firmé una decisión ilegal", ha asegurado Chaves, como si alguien pudiera esperar que el delito llevara su rúbrica.
Aún así, tanto Chaves como Griñán han admitido la existencia de "deficiencias", pero las achacan a quienes se beneficiaron de ayudas que no les correspondían. O sea, que la Junta, y ellos, no son responsables, sino víctimas. Tan cierto es que poco cabía esperar de la comisión de investigación como que ambos están siendo investigados por la Justicia por prevaricación. En ella habrá que confiar.