La difusión de la conversación grabada en el despacho del ministro del Interior en la que el propio Fernández Díaz insta al director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso a investigar a un hermano de Junqueras y a los consellers independentistas Puig y Homs rompió anoche la campaña y puede generar una tormenta política de imprevisibles consecuencias.

Como las muñecas rusas contiene al menos tres escándalos encapsulados cada uno dentro del otro. El más obvio es el que se deriva del propio diálogo que denota una utilización partidista de aquellos resortes del Estado en los que la neutralidad política debe ser más exquisita. A cualquier demócrata debe producirle indignación la conducta de Fernández Díaz.

Su interlocutor reconoció anoche que el ministro le trasladó "sugerencias" que no le parecieron "normales" para que encauzara sus pesquisas contra sus adversarios políticos. Ni siquiera el hecho de que los "indicios" para investigarlos fueran "muy débiles" bastó para refrenarle pues quería a toda costa que se actuara contra ellos y por eso enfatizó su filiación y parentesco políticos.

El segundo escándalo es la connivencia del ministro y el alto cargo a la hora de planificar que el grupo Planeta, editor de La Razón y máximo accionista de Antena 3 y La Sexta, recibiera la filtración de los datos disponibles y tomara el relevo de la policía a la hora de proseguir la investigación. Así ha gestionado el Gobierno de Rajoy la relación con los medios a los que ha favorecido de forma millonaria y de los que se ha servido como amplificadores de su juego sucio.

Y el tercer escándalo, nada menor por cierto, es la propia existencia de una grabación realizada nada menos que en el sancta sanctorum del despacho del titular de Interior. Anoche el director de la Oficina Antifraude negó con vehemencia que él hubiera grabado la conversación y alegó que alguien había convertido su teléfono en un zombie.

Insinuaba así que su móvil había sido activado como receptor y transmisor por terceras personas, de acuerdo con las técnicas que, según una reciente sentencia judicial, están ya a disposición de la policía. Esto implicaría que la guerra sucia entre los clanes policiales y de la seguridad del Estado, enfrentados desde hace tiempo en una escalada de conflictos sin cuartel, habría alcanzado ya una fase de virulencia insospechada.

La suma de todos estos hechos es de tal gravedad que sería inaudito que los españoles acudieran a votar el domingo sin su previo debate y esclarecimiento. Fernández Díaz, el mismo ministro que montó los dispositivos de vigilancia y destrucción de pruebas en torno a Bárcenas, el mismo ministro que recibió en su despacho a un imputado como Rodrigo Rato que compartió el cobro de sobresueldos con Rajoy, debería comparecer de inmediato ante la Diputación Permanente del Congreso y dar las explicaciones pertinentes, si es que las tiene. Si no lo hace será entonces Rajoy quien tendrá que responder de su inadmisible conducta el domingo ante las urnas.