El dato de que, por primera vez, hay una mayoría de catalanes partidarios de la independencia es una mala noticia que viene a confirmar la impotencia del Gobierno español para neutralizar el problema. Desde luego, con grabaciones en las que se escucha al ministro del Interior instando a perseguir a los dirigentes separatistas es más difícil calmar las aguas. Como tampoco ayuda ver en televisión a un ministro precisamente de Exteriores debatir cara a cara sobre la independencia con Junqueras.
Bien es cierto que hay que poner en cuarentena los resultados del Barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat que indican que hay un 47,7% de separatistas frente a un 42,4% que no lo son. Porque aquí la Generalitat es juez y parte, y porque Puigdemont necesita mantener viva la movilización en un momento difícil: han asomado las grietas entre los partidos que impulsan el procés y se teme la desmovilización en la calle cuando la celebración de la Diada (11 de septiembre) ya aparece a la vista.
En cualquier caso, el desafío separatista va a estar en la agenda de los próximos gobiernos, de ahí que hayamos abogado por constituir un Ejecutivo fuerte con participación de los partidos constitucionalistas. El problema requiere ser tratado con el mayor consenso posible, con liderazgo firme y sin dar bandazos como los que hemos vuelto a ver en los últimos días.