Bruselas ha suspendido finalmente la multa a España por incumplir el déficit y le concede una prórroga de dos años para situarlo el desfase por debajo del 3%. La Comisión Europea ha tenido en cuenta factores como el alto nivel de paro o la inestabilidad política del país, pero ha sido fundamental la presión ejercida por el comisario económico Pierre Moscovici, contrario a la sanción.
La decisión supone un balón de oxígeno para las arcas del Estado. No obstante, el Gobierno no tiene motivos para lanzar las campanas al vuelo. En primer lugar, porque su gestión no ha sido tan buena. Las últimas reducciones de impuestos y el aumento del gasto antes de las elecciones contribuyeron a disparar el déficit hasta el 5,1%, muy lejos del 4,2% exigido.
Pero además, porque los ajustes continuarán hasta 2018, año en el que el déficit habrá de situarse en el 2,2%. Eso supone reducirlo en 10.000 millones de euros, cantidad que cantidad que deberá obligar a un mayor rigor en el control del gasto en lugar de volver a exprimir con impuestos a los ciudadanos.