Tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy han ignorado un mandato del Senado de hace 6 años que emplazaba a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Si la negligencia del PSOE es grave, más reprochable aún resulta la actitud del PP, ya que la iniciativa partió de la popular Alicia Sánchez-Camacho y todo su grupo en la Cámara Alta voto a favor de esta propuesta en el año 2010.



En España no existe actualmente una problema sobre el uso del burka, como sí sucede en Francia y Bélgica. Pero la orden del Senado convierte en pertinente la regulación del uso del velo integral en áreas concurridas. Conviene recordar que ni los municipios ni las comunidades autónomas tienen competencia para legislar sobre el ejercicio de derechos fundamentales. El vacío legal ahora vigente ya ha provocado conflictos de legitimidades entre instituciones de la Administración pública. De hecho, en 2010 el Tribunal Supremo tumbó las ordenanzas de varios ayuntamientos catalanes que previamente habían sancionado el uso del velo integral, al entrar en contradicción con derechos básicos.



En cualquier caso, sería imprudente legislar atropelladamente, como hizo Francia en 2011. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien avaló la prohibición de la prenda, no respaldó íntegramente la legislación francesa, al considerar que sólo puede ser justificada en un contexto de amenaza general a la seguridad pública constatable, o bien si una mujer es forzada a llevarlo en contra de su voluntad. Es decir, debe ser una medida extraordinaria aplicable en situaciones excepcionales.