La redefinición de la corrupción política como concepto, que al parecer subyace en las negociaciones para un acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, podría convertir en papel mojado las condiciones regeneracionistas planteadas por Albert Rivera. 

Ciudadanos no puede arriesgarse a que la asimilación de las excepciones alegadas por los populares para no acatar la exigencia de apartar a sus cargos investigados amenace el espíritu reformista que le da sentido como partido.

Aproximación tóxica

El balance de las negociaciones ofrecido este martes por José Manuel Villegas sugiere hasta qué punto la aproximación de Ciudadanos al PP de Rajoy está resultando tóxica para el partido emergente.

Preguntado sobre si exigiría al presidente en funciones exigir el acta a su diputado por Castellón Óscar Clavel, investigado desde hace meses por prevaricación, malversación, fraude y exacciones por una adjudicación cuando era concejal de Urbanismo de La Vall dÙixò, Villegas adujo una especie de eximente conceptual más propia de la vieja política que de un partido que a lo largo de su historia ha hecho gala de un maximalismo ético sin matices.

En opinión del número dos de Ciudadanos, sólo se puede hablar de corrupción política cuando el delito de prevaricación "va ligado a financiación irregular o a enriquecimiento personal" y no a "mala praxis" porque "una cosa es meter la mano en la caja y otra meter la pata"· Más allá de que el caso particular de Clavel es de libro, pues está siendo investigado por pagar 700.000 euros a una empresa encargada de la limpieza municipal en contra del criterio de los técnicos, la distinción que hace Villegas constituye un burladero para corruptos de toda laya.

Caso ERE

Según el criterio expuesto por Villegas -Maíllo no lo hubiera hecho mejor-, ni la utilización de recursos públicos por parte de Artur Mas para celebrar un referéndum soberanista, ni la imputación de Griñán y Chaves por su responsabilidad en el caso ERE, ni la entrada en prisión de Matas por beneficiar a uno de sus speechwriter podrían considerarse conductas corruptas. Tampoco la contratación arbitraria de Urdangarin y Diego Torres por parte de responsables públicos entrañarían corrupción política para Villegas ni, in illo tempore, habrían merecido respuesta política alguna los casos Hormaechea o Juan Guerra.

El criterio de Villegas resulta tan laxo como incongruente con la historia de su partido. Ciudadanos exigió la dimisión de sus cargos de Chaves y Griñán para apoyar la investidura de Susana Díaz, un precio del que presumió el propio Rivera, pese a que no hay ninguna sospecha de que los ex presidentes andaluces metieran la mano en la caja o financiaran ilegalmente al PSOE: sus imputaciones responden a la mala praxis típica del clientelismo político.

Lucía Figar

Del mismo modo, Ciudadanos forzó la salida de Lucía Figar y Salvador Victoria del Gobierno de Madrid para cerrar su acuerdo con Cifuentes en 2014. Incluso a nivel interno Ciudadanos ha sido mucho más intransigente de lo que ahora parece mostrarse ante Rajoy: por ejemplo, cuando forzó la renuncia de su portavoz en el Parlament, Jordi Cañas, por su imputación en un asunto privado.

En la Justicia ordinaria tiene sentido el principio 'in dubio pro reo', pero en la depuración de responsabilidades políticas debe primar el principio 'in dubio pro ciudadano'. Esta pauta garantista es la que ha articulado hasta ahora todo el discurso del partido de Albert Rivera. Ciudadanos debe decidir si rectifica e impone esta impronta regeneracionista al PP en su acuerdo de investidura o si, por contra, renuncia a sus principios y valores y se deja asfixiar por el abrazo de Rajoy.