Haber obligado a José Manuel Soria a renunciar al cargo en el Banco Mundial que le tenían prometido no exonera al Gobierno de rendir cuentas cumplidamente. Es decir, en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, que es el foro adecuado para examinar un caso flagrante de puerta giratoria en el que el presidente y el ministro de Economía han acabado pillándose los dedos.
La renuncia forzada del exministro de Industria y Energía a su retiro dorado en Washington -donde iba a cobrar 226.500 euros anuales libres de impuestos- no puede dar carpetazo al caso. Es más, debe convertirse en una oportunidad para acabar con el nepotismo y para impedir la utilización de los cargos de representación de España como instrumentos del clientelismo político.
Mentiras
Rajoy y De Guindos mintieron cuando presentaron la promoción de Soria como consecuencia de un concurso público ganado en buena lid; falsearon la realidad cuando aseguraron que negarle la plaza equivalía a prevaricar y a impedirle ejercer su carrera; y manipularon cuando presentaron el proceso como una oposición administrativa restringida a economistas del Estado, cuando en realidad se ha tratado de una libre designación controlada desde el Ministerio y visada por Rajoy. La marcha atrás del Gobierno se ha producido en el último minuto y como reacción a la presión mediática y a las maniobras y zancadillas sucesorias en el PP.
La designación de un representante español en el directorio de la entidad financiera internacional ha corrido riesgo por culpa del Gobierno. Para cubrir la plaza, en el último segundo, Rajoy y De Guindos han movido del FMI al Banco Mundial al exsecretario de Estado de Economía Fernando Jiménez Latorre. No se puede dudar de la capacidad de Latorre, que el pasado viernes ya fue asignado a otro cargo en el FMI. No estamos ante una canonjía como sucedía con Soria, quien tuvo que dimitir tras descubrirse sus negocios en paraísos fiscales. Pero el precipitado cambio de destino indica la urgencia con la que el Gobierno ha resuelto el desaguisado.
Comparecencia
Existen razones para exigir al PP que no intente obstruir la comparecencia urgente de De Guindos en el pleno de la Cámara Baja, como va a pedir la oposición. Rajoy intenta utilizar ahora al ministro como chivo expiatorio de un caso que le afecta directamente. Pero la designación del puesto en el Banco Mundial formaba parte de las responsabilidades de Economía, así que es lógico que sea el ministro quien empiece a dar la cara.
Es imposible que De Guindos pueda explicar sin señalarse más en el caso las lagunas del expediente Soria, pero es preferible que responda en el Congreso, y que pida públicas disculpas, a que intente camuflar este asunto en una comisión sobre presupuestos. El Gobierno puede caer en la tentación de alegar, como hizo en la anterior legislatura, que la Cámara no puede pedirle responsabilidades mientras siga en funciones. A expensas de lo que falle el Tribunal Constitucional al respecto, el caso Soria prueba que un Gobierno en funciones debe ser tan controlado como uno con plenas capacidades.