La desfachatez de Francisco Correa no tiene límites. El cabecilla de la trama Gürtel ha pedido a la Audiencia Nacional que desbloquee una de sus cuentas investigadas en Suiza para depositar 2,2 millones de euros en el tribunal a cambio de atenuar su pena. El acusado pretende utilizar su botín en beneficio propio tanto si es declarado culpable como si lo absuelven, pues en este último supuesto el dinero consignado se le devolvería.
En su escrito, el exempresario de cabecera del PP ha alegado que quiere "proceder a la completa reparación del daño causado". Sí así fuera, Correa tendría que restituir el dinero afanado a los ayuntamientos de Majadahonda, Estepona, Pozuelo de Alarcón y a la Comunidad de Madrid -administraciones de las que se lucró-, en lugar de ofrecer un depósito al tribunal con el dinero que supuestamente obtuvo de forma ilícita.
Es verdad que el proceso no ha acabado y que no hay sentencia, pero hay indicios incriminatorios más que suficientes como para mantener bloqueadas sus cuentas. Tan importante es que los corruptos sean castigados como recuperar hasta el último euro del dinero robado: de lo contrario, cumplir la pena de cárcel impuesta puede convertirse en una forma rentable de enriquecerse robando.
