Cinco tribunales de cinco provincias venezolanas se han plegado ya a las presiones del régimen bolivariano al pronunciarse en contra de la celebración del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El Gobierno venezonalo, que ha impugnado la recogida de avales por parte de la oposición, obtiene así un soporte jurídico para atrasar la consulta y, de ese modo, dejarla sin efecto. El objetivo del chavismo es que en ningún caso se celebre antes del 10 de enero, ya que automáticamente se convocarían elecciones presidenciales. La fecha es clave porque si esta consulta se pospone, incluso echando a Maduro el movimiento bolivariano seguiría en el poder.
El régimen también ha prohibido salir del país a ocho opositores, entre los que se encuentra Henrique Capriles. Después de amenazar al preso Leopoldo López con una acusación de 43 homicidios y de mantener a opositores encarcelados sin acusaciones formales, éstas últimas maniobras sólo pueden calificarse de golpe de Estado encubierto.
Maduro intenta bloquear el referendo y amedrentar a la oposición con una política represiva que es muestra también de su propio miedo a perder el poder. La decisión de éstos cinco tribunales y el aumento de la represión son los últimos recursos del presidente para enrocarse en el Gobierno, aunque suponga una tropelía jurídica y un vejación a la libertad.
