El presidente de la Generalitat de Cataluña ha asegurado este domingo que no aceptará la previsible suspensión de sus atribuciones por parte de la Justicia y que sólo contempla un hipotético diálogo con el Gobierno encaminado a fijar los términos de la votación del referéndum. Y es que, según Puigdemont, "el Estado español está llegando tarde a todo".

En una cosa tiene razón el presidente catalán: el Estado ha perdido tiempo en todos los ámbitos. Por eso, según el resultado de la encuesta de Sociomértica para EL ESPAÑOL de la que hoy ofrecemos la segunda entrega, ya hay un 50,1% de ciudadanos en Cataluña favorable a la independencia. Por eso, quienes quieren que haya un referéndum ilegal son el 55%. Y por eso, hasta un 33,5% de españoles están convencidos de que acabará celebrándose, y un significativo 18,6% de los votantes del PP. ¿Tan poco creen en la palabra de Rajoy?

Lo del 9-N ya no vale

No es una opción para el Ejecutivo permitir que haya urnas en Cataluña el 1 de octubre, para apresurarse a decir luego que la votación carece de validez, como ya se hizo tras la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y no lo es, entre otras cosas, porque los independentistas van a dar legitimidad al resultado.

Es muy probable, además, que si ese día se vota haya una significativa participación, porque a la movilización independentista habría que sumar a quienes están acobardados y no quieren indisponerse con los separatistas -particularmente en pueblos y pequeñas ciudades- y porque el miedo al sí podría llevar a muchos ciudadanos contrarios a la "desconexión" con España y la UE, a ir a votar en contra, legitimando así el proceso.

Seguridad Nacional y 155

Si todo transcurre como parece previsible, el Gobierno recurrirá este miércoles al Constitucional la Ley del Referéndum catalán que el Parlament aprobará ese día. Y procederá de igual forma cuando, presumiblemente el jueves, la Cámara catalana saque adelante la Ley de Transitoriedad. Ahora bien, Puigdemont ya ha anunciado que ni su gobierno ni el Parlament acatarán las resoluciones del Constitucional, incluidas las posibles inhabilitaciones que se deriven de su proceder.

Eso obligará al Gobierno a dar un paso adelante, con el inconveniente de que el pulso de los independentistas se producirá, no por casualidad, a cuatro días de la Diada, con el propósito de utilizar la respuesta del Estado para incendiar la calle, tal y como ya anuncian desde la Generalitat. El paso del Gobierno sólo tiene dos vías posibles para ser eficaz: aplicar el artículo 155 de la Constitución o aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

Hacia una reforma constitucional

Las dos alternativas tienen algún inconveniente. El 155 requiere de un trámite en el Senado que puede retrasar la respuesta e incluso poner en evidencia la soledad del Gobierno, ya que Rajoy ha perdido un tiempo precioso para recabar consenso político. La Ley de Seguridad Nacional parte con la ventaja de su aplicación inmediata -se activa con un real decreto-, pero no fue prevista para una situación de crisis constitucional y su aplicación tiene un carácter limitado en el tiempo.

Ahora bien, cualquier inconveniente que pueda derivarse de la puesta en marcha de estas medidas es mejor que cruzarse de brazos, una actitud que dejaría el campo libre a los separatistas para proclamar la independencia. La dejadez y abulia de Rajoy nos han llevado a esta situación límite en la que todo se hará tarde y posiblemente mal. Pero más vale tarde que nunca. La prioridad ahora es parar el golpe de Estado separatista. El tiempo que se ha despilfarrado habrá que recuperarlo después, seguramente mediante una reforma constitucional que mejore la calidad de nuestra democracia y dé soluciones estables a la cuestión catalana.